La Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto la causa contra el abogado Emilio Cuatrecasas por un presunto fraude fiscal de casi 3,3 millones de euros en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA.
Según recoge Economía Digital, la sección sexta del tribunal ha considerado los recursos presentados por la Fiscalía de Delitos Económicos, encabezada por Francisco Bañeres, y la Abogacía del Estado. El auto emitido reconoce indicios de delito, desestima nueva diligencias y da pie a que el caso prosiga su curso hacia el juicio.
La Audiencia centra su argumentación en la «falta de rentabilidad” de las operaciones de arrendamiento entre Emesa, sociedad propiedad del abogado, y el propio Cuatrecasas. En opinión del tribunal, «los arrendamientos concertados no responden a otra causa que la disminución de la carga fiscal del querellado”.
El auto señala que el entramado beneficia a Cuatrecasas porque disfruta de bienes arrendados y servicios incluidos por precio inferior al de su coste de mercado, lo que desde la perspectiva empresarial de la sociedad carece de sentido. La estrategia permite deducir el IVA a Emesa que finalmente repercute en beneficio de Cuatrecasas, así como disminuir su tributación personal en otros impuestos como el de la Renta y el de Patrimonio.
Emesa contaba en sus activos con bienes de «uso y disfrute exclusivamente personal» de la familia Cuatrecasas. Con esta sociedad, se adquirió (y posteriormente se arrendó al propio letrado) una vivienda familiar en Barcelona; una segunda residencia en la Vall d’Aran, una embarcación de recreo de nombre Concordia y dos amarres en el puerto de Mataró y nueve vehículos.
La causa se inició a finales de 2011 después de que un informe de Hacienda señalase que el famoso abogado especializado en derecho laboral y gestión tributaria habría defraudado 3,3 millones de euros.
El proceso se alargó durante todo un año hasta que en noviembre de 2012 el titular del juzgado número 32 de Barcelona, José Antonio Cruz de Pablo, archivó la causa al considerar que no hubo intento de ocultación y decretó el sobreseimiento libre de las diligencias.
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