Los sindicatos de CatalunyaCaixa han intentado desmarcarse de la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona de denunciar a 54 miembros del consejo de administración de Caixa Catalunya en 2010, entre ellos cargos sindicales, por subirse los sueldos en plena crisis poco antes del rescate de la entidad.
“Nos hemos puesto al servicio de la Fiscalía, que hace bien abriendo la investigación y pidiendo las responsabilidades que hagan falta”, afirmó el secretario general de CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego, en declaraciones recogidas por Europa Press durante la manifestación contra el ERE que planea llevar a cabo la entidad, y que afectará a 2.453 empleados.
Gallego defendió que las actas reflejan que los uno o dos miembros de su sindicato con presencia en el consejo de administración votaron en contra de esta medida “injusta, insolidaria y absurda”, y se ha mostrado predispuesto a colaborar con la justicia.
En la misma línea se expresó la secretaria general de UGT en CatalunyaCaixa, Susagna Muns, se mostró convencida de que nadie de su sindicato votó a favor de los aumentos salariales, aunque añadió que “si hay algún culpable debe pagarlo, sea del nivel que sea”.
Más rotundo ha sido CSICA, el sindicato con menor representación laboral en CatalunyaCaixa, que ha emitido un comunicado en el que manifiesta su conformidad a que la Fiscalía Anticorrupción investigue al consejo de administración y a la cúpula directiva de la antigua Caixa Catalunya, y señala que su afiliada, Sara Cardona Raso (también investigada), fue “la única consejera que se opuso, en solitario, a los escandalosos incrementos salariales del director general y del director general adjunto”.
El sindicato considera además que la investigación debería ampliarse a los responsables del Banco de España, de la Generalitat de Cataluña y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
CSICA ha recordado que en octubre del año 2009 advirtieron «al Banco de España y a la Generalitat de Cataluña de la gestión y la situación de la Caja de Ahorros, al mismo tiempo que constataban la pasividad de aquellos organismos en el ejercicio de sus responsabilidades de supervisión y tutela del sistema financiero».
Menos comprometida es la posición de SEC, cuya secretaria general, Raquel Puig, recordó que en la época en la que se aprobó la medida su sindicato no tenía presencia en el consejo de administración. A su juicio, el proceso que se inicia “es muy sano y muy bueno para la sociedad”.
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