La avalancha de ‘bonos patrióticos’ de este fin de año se han convertido en un arma de doble filo para las cajas de ahorros que han asegurado las emisiones. Lo que por un lado puede suponer un lucrativo negocio a través del cual cobrar las oportunas comisiones, se convierte en una trampa en el caso de que las entidades no encuentren suficiente demanda, en el que se verán obligadas a quedarse con los títulos en su balance.
De hecho, en varias de las anteriores emisiones, las entidades encargadas de la colocación tuvieron que quedarse una parte del total emitido. Los bonos que menos problemas se espera que tengan son los de Cataluña. El pasado 24 de octubre, la Generalitat anunció una emisión de obligaciones por 3.000 millones de euros, ampliables a 4.000, destinada a pequeños inversores. La emisión se está llevando a cabo bajo dos formas: un bono a un año a un tipo de interés del 4,75% y otro a dos años, con un rendimiento del 5,25%, y en ella participan La Caixa y CatalunyaCaixa.
Esta última, controlada en un 90% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la inyección de 1.700 millones de euros, ha asegurado 1.000 millones de euros de la misma.
La siguiente autonomía que saldrá al mercado es la Región de Murcia, que prepara una emisión de bonos patrióticos para el próximo día 14 de 100 millones de euros, ampliable a 200, que saldrá a la venta con un interés del 4,75% para los cupones a doce meses y del 5,50% a dos años. El importe mínimo de la compra se ha establecido en 1.000 euros.
La operación estará centralizada a través de Bankia, que recibió ayudas públicas por valor de 4.465 millones de euros a través de participaciones preferentes, pero cuenta también con el apoyo de la intervenida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), del grupo BMN, de Cajamar, y de Caja Rural Central.
Aunque aún no está confirmado, los rumores del mercado también apuntan a que Bankia y la CAM serán también las encargadas de colocar los bonos que planea vender la Generalitat valenciana antes de que acabe el año, que superará los 1.700 millones de euros.
Estas tres emisiones podrían no ser las únicas si las autonomías no logran otros medios para refinanciar su deuda. El Gobierno canario se enfrenta a vencimientos antes de final de año de 195,2 millones de euros. A la Comunidad Foral de Navarra le vencen 30 millones de euros en obligaciones a diez años.
Ya para el próximo año, a Castilla La Mancha le vencen 100 millones y a Galicia otros 200 millones.
