Los antiguos responsables de Caja España y de Caja Duero podrían tener que sentarse en el banquillo por su labor al frente de estas dos entidades cuya fusión dio como fruto el Banco Ceiss, que será absorbido por Unicaja para evitar su nacionalización tras haber recibido en total 1.129 millones de euros en ayudas públicas.
La Fiscalía de León ha remitido al Juzgado de Instrucción una denuncia de Izquierda Unida contra los directivos de Caja España al entender que puede haber existido un delito de administración desleal desde el año 2008.
Según publica Salamanca24horas, la denuncia señala que desde hace cinco años diferentes consejeros “han intervenido de forma decisiva en los consejos de administración a fin de obtener bien créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas que a otros ciudadanos o empresarios les serían denegados, o bien condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros o en los que las entidades públicas de ahorro han dejado de observar su propia normativa y convenios colectivos, con fuerza de ley”.
Uno de estos consejeros, Francisco Rubio, según denuncia IU, habría obtenido créditos y avales por un monto superior a 27 millones de euros en el último año, “siendo especialmente llamativo un préstamo personal por 13 millones de euros para una empresa cuyo nombre no se especifica, algo que es inimaginable para cualquier ciudadano”. Préstamos que se suman a otros en 2006 y 2007 y líneas de avales por 51,1 y 27,9 millones de euros, respectivamente.
Otro caso es el del que fuera presidente de Caja España, Santos Llamas, con cinco préstamos a empresas vinculadas por importe de 17,6 millones de euros, siempre según la denuncia de IU que investiga la Fiscalía. A ello se añadiría otro préstamo hipotecario de 15,2 millones u operaciones de renovación de cuenta de crédito, de línea de avales y ampliación de préstamo a promotor a una empresa vinculada por valor de 5,1 millones.
Finalmente, en la denuncia se recoge que el ex alcalde de León, Francisco Fernández, podría haber incurrido en un posible tráfico de influencias, “toda vez que ha logrado su prejubilación estando de excedencia, saltándose la preferencia con la que contaban más de cien trabajadores de la entidad, en función de las condiciones pactadas entre la Caja y los agentes sociales, toda vez que las prejubilaciones habrían de concederse a partir de los 55 años y por orden de nacimiento”.
No sólo los antiguos responsables de Caja España están en el foco de la justicia. Algo similar ocurre en Caja Duero, donde el expresidente Julio Fermoso y el exdirector general Lucas Hernández, están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid por dos operaciones por un total de 90 millones de euros llevada a cabo con la constructora Nozar, y que pudieron contribuir al deterioro de las cuentas de la entidad.
Caja Duero compró un edificio a Nozar en marzo de 2008 en la calle Titán número 8, en la zona de Méndez Álvaro (Madrid), por el que pagó a la familia Nozaleda 55,8 millones de euros. Según fuentes judiciales citadas por la Gaceta de Salamanca, Fermoso y Hernández pagaron esa cantidad sin solicitar previamente una tasación propia, que podría haber rebajado el precio del inmueble a 40 millones de euros.
Al mes siguiente de esta dudosa operación, Caja Duero concedió un préstamo de 31,5 millones de euros a Nozar. El propio Banco Ceiss denunció ambas operaciones hace unos meses en el Juzgado.
