La polémica por las ‘jubilaciones de oro’ salpica a Bankia

La polémica suscitada por las prejubilaciones de oro a las que se han acogido los directivos de las cajas de ahorros salpica ahora a Bankia, la entidad que preside Rodrigo Rato, a través de uno de sus socios fundadores más pequeños, Caja Segovia. Su ex director general, Manuel Escribano, podría percibir cerca de seis millones de euros en diez años en concepto de prejubilación.

Caja Segovia se ha visto obligada a enviar un comunicado en el que niega que Escribano haya percibido “cantidad alguna en concepto de indemnización con motivo de su prejubilación”, sino que el ex director se ha acogido a las mismas condiciones que los 150 empleados prejubilados. El comunicado precisa que el ejecutivo recibirá el 74,7% de sus emolumentos “hasta la edad ordinaria de jubilación”, lo que, según señala la prensa local castellanoleonesa, podría suponer una cifra de seis millones de euros en diez años y a través de cuota mensuales.

Caja Segovia añade que “en todo momento se han auditado, recurrentemente, las cuentas de la entidad en los ámbitos generales y, de forma particular en cumplimiento de las normas de transparencia, los sistemas retributivos, destacando que no se han manifestado salvedades sobre las políticas retributivas de la entidad; como ha quedado constatado en la Comisión Retribuciones, Consejo de Administración y Comisión de Control de la entidad”.

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, uno de los 18 miembros que componen el consejo de Caja Segovia, había pedido apenas hace unos días “claridad en las cifras en aras de la transparencia”. En la misma línea se había expresado la candidata del PP al Congreso, Beatriz Escudero.

No es la primera vez que Bankia, que el año pasado recibió 4.465 millones de euros de ayudas públicas, se encuentra inmersa en una polémica por los abultados sueldos de las cúpulas directivas de las cajas fundadoras. Ya el pasado mes de febrero, el consejo de administración de Caja Madrid decidió finalizar, no renovar, y no reconocer, el derecho de cobro del plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección de la entidad que puso en marcha en enero de 2007 Miguel Blesa, antecesor de Rodrigo Rato al frente de la entidad.

Esta decisión se produjo después de que la Comunidad de Madrid trasladara a Caja Madrid su oposición al pago de bonus a diez directivos de la caja, entre ellos el ex presidente, Miguel Blesa, que se habrían embolsado 25 millones de euros.