El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, ha aclarado esta mañana en San Sebastián sobre el polémico asunto de las ventajas fiscales que consiguieron los inversores en la compra de barcos en España, que ascienden a unos 3.000 millones de euros, que ese dinero debe ser ingresado en la Hacienda Pública española.
El comisario de la Competencia ha subrayado, en la clausura del “XXV Seminario sobre Europa, crisis, deserciones y populismos” organizado por la Asociación de Periodistas Europeos (APE), que tanto los astilleros como los armadores están al margen del problema y hay que ir caso por caso entre los inversores para estimar lo que tiene que pagar cada uno.
En este sentido, explicó que son los inversores financieros que concedieron créditos puente los que tienen que hacerse cargo del pago de impuestos correspondientes a las ayudas europeas al sector naval. De ninguna manera lo harán los astilleros, a pesar de que los inversores les obligaron a firmar un documento en el que se comprometían a asumir la carga en caso de no aplicarse ventajas fiscales.
Es más, Almunia señala que esos contratos son un ílicito fiscal y no hay que respetarlos. Además, la Comisión Europea también aprobó hace unos meses varias líneas de ayuda al sector naval.
A su entrada en el Palacio de Miramar, donde se celebró el Seminario de la APE, Almunia se encontró con una representación sindical que con pancartas y algún que otro grito (nada altisonante) que demandaba que eche marcha atrás en esa decisión de que se devuelvan las ayudas para ingresarlas en la caja de la Hacienda pública española.
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