José María Castellano, presidente de NCG Banco, podría tener una función meramente contemplativa en el nuevo consejo de administración de la entidad gallega, que echa hoy a andar en su nueva etapa tras la inyección de dinero público. Según han señalado fuentes próximas al Banco de España a EL BOLETÍN, a pesar de que el FROB sólo ha nombrado a tres consejeros dentro del máximo órgano de gobierno de la entidad, éstos mantendrán los derechos de voto del 93% que representa el fondo en su capital.
La entidad surgida de la conversión de Novacaixagalicia en banco ha celebrado hoy una reunión de su consejo de administración, en la que se ha ratificado el nombramiento de los tres representantes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que controla el 93% de la entidad tras inyectarle 2.465 millones de euros. El Banco de España ha nombrado para estos puestos a José Antonio Portugal Alonso, economista y ex directivo del BBVA y de Banesto; José Borrue Asensio, también procedente del BBVA; y Joaquín Saurina Maspoch, ex director de control de Caixa Girona y director financiero y de riesgos de Bankpime.
Aunque el grueso del poder de decisión se concentre en ellos, el consejo quedará integrado por 12 miembros, entre los que se encuentran, además de los tres representantes del FROB, José María Castellano como presidente ejecutivo; y César González-Bueno como consejero delegado, Jaime Trebolle, Roberto Tojeiro, Carlos González, José Manuel Gabeiras y Xabier Alcorta como consejeros independientes. Asimismo tendrán un asiento en el consejo Mauro Varela y Julio Fernández Gayoso, copresidentes de Novacaixagalicia, como consejeros dominicales.
Al cierre de esta edición, fuentes de la entidad gallega no estaban disponibles para explicar las funciones que desempeñarán estos miembros en el consejo de administración, así como en la toma de decisiones de la entidad. La explicación más probable, es que el Banco de España permita al actual equipo directivo tomar sus propias decisiones, aunque siempre bajo su autorización directa. Tal y como explicó Miguel Ángel Fernández Ordóñez tras la nacionalización de la entidad, a los gestores de NCG se les ha otorgado “una segunda oportunidad” debido a que su proyecto es viable a medio plazo.
Castellano, durante veinte años brazo derecho de Amancio Ortega en Inditex, apenas acumula unas semanas como presidente de NCG Banco, aunque el pasado mes de junio el consejo de administración de Novacaixagalicia, hoy con apenas un 7% del nuevo banco, ya aprobó su nombramiento. A esa reunión asistieron 20 de los 22 miembros del consejo de administración. Dieron su voto favorable 18 consejeros, mientras que votó en contra José Luis Veiga Lage, del BNG, y se abstuvo el representante de CCOO.
El desembarco de Castellano contó asimismo con el visto bueno del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que destacó la “galleguidad” del proyecto. En un principio, se habló de que el empresario captaría unos 500 millones de euros de inversores privados, que finalmente no han llegado. No obstante, está previsto que a finales de año el FROB venda parte de su participación en el nuevo banco a los inversores privados que se han interesado por el proyecto. En principio, son cinco grandes fondos de inversión internacionales, entre los que se encontraría, según publicaba la prensa local, JC Flowers.
Indemnizaciones
Novacaixagalicia se encuentra actualmente en el ojo del huracán tras las millonarias indemnizaciones recibidas por antiguos directivos de la entidad, hoy jubilados, que ascienden a más de 20 millones de euros.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha pedido la apertura de una investigación interna para averiguar “si se ha cumplido la ley” en el caso de las indemnizaciones.
En su intervención en un desayuno organizado por ‘Fórum Europa. Tribuna Galicia’, el también cabeza de lista del PSOE en A Coruña ha calificado de “indecentes” las indemnizaciones percibidas por los ex directivos, por lo que ha destacado el “gesto” realizado por Javier García Paredes, antiguo director adjunto de la caja, que ha decidido renunciar por iniciativa propia a “la mayor parte” de la indemnización de 5,3 millones de euros que recibió tras su salida de la entidad.
