El Gobierno ha anunciado que a partir de ahora exigirá 35 años cotizados a los trabajadores que quieran prejubilarse para crear un “sistema más equitativo y más justo”, ya que actualmente los costes de estas jubilaciones suponen cuestan 7.000 millones de euros al Estado. Según ha indicado Fátima Báñez, con esta medida el Ejecutivo pretende que “los ajustes de plantilla no discriminen a los trabajadores de mayor edad y con coste al erario público”, porque “las pensiones las pagamos todos”.
La titular de Empleo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los detalles de esta medida del Gobierno. Según ha acordado el Ejecutivo, la jubilación anticipada voluntaria terminará en 65 años, con 35 años de cotización mínima, mientras que la jubilación anticipada forzosa, es decir, por despido, pasará de 61 a 63 años.
Esta decisión se debe, según Báñez, a que actualmente la edad real de jubilación en España es de 63,9 años, es decir, que “uno de cada dos españoles que se jubilan lo hace antes de la edad legal”. En estos casos se utiliza prestación por desempleo, lo que es “muy costoso” para el sistema y es una “situación anómala” que el Gobierno ha querido atajar.
“Queremos reducir el coste de las jubilaciones anticipadas, porque las pensiones las pagamos todos”, ha dicho Báñez, quien ha explicado que las prejubilaciones, que supusieron el 42% de las altas por jubilación en 2012, cuestan 7.000 millones de euros al sistema.
Una reforma con la que el Gobierno, tal y como ha indicado la ministra, pretende “evitar que la gente de más edad salga de las empresas en situaciones económicas adversas”, que “los ajustes de plantilla discriminen a los trabajadores de mayor edad y con coste al erario público”.
La titular de Empleo, que ha señalado que “la reforma es coherente con las directrices de la Unión Europea”, ha dicho que el fin último de la misma es “compensar al sistema de mayores costes y menores ingresos”.
Asimismo, ha asegurado que “el sistema de Seguridad Social garantiza la estabilidad de las pensiones” porque “sus cimientos son sólidos. El gasto en pensiones está por debajo de media Unión Europea”, ha concluido.
