El escándalo de las indemnizaciones millonarias por jubilación en Novacaixagalicia, nacionalizada el pasado viernes por el Banco de España, apunta directamente a Julio Fernández Gayoso, co presidente de la entidad tras haber dirigido durante cuarenta años Caixanova, y salpica también a miembros de los principales partidos políticos gallegos, PP, PSOE y BNG, todos ellos con representación en la ‘comisión de retribuciones y nombramientos’.
Las jubilaciones no pasaron por el consejo de administración, a pesar de que CCOO llegó a preguntar en la última reunión celebrada por la cuantía de estas indemnizaciones, sino que fueron aprobadas directamente por esta comisión, que está liderada por Julio Fernández Gayoso. El directivo, de 80 años de edad, lleva 45 años con puestos de responsabilidad en el panorama financiero gallego, desde que en 1965 fue nombrado director general de la Caja de Ahorros de Vigo. Mantuvo su puesto en el 2000, cuando la entidad se fusionó con las cajas de Orense y Pontevedra y surgió Caixanova. En 2006 fue nombrado presidente, y desde ese puesto negoció la fusión, propiciada por la Xunta con Caixa Galicia.
Gayoso ha pospuesto hasta tres veces su jubilación. De hecho, la Xunta de Manuel Fraga llegó a cambiar la Ley de Cajas de la autonomía para que pudiese seguir en su cargo. El socialista Emilio Pérez Touriño tampoco puso objeciones a su labor, y la llegada de Feijóo no ha logrado forzar su marcha, pese al plan de prejubilaciones previsto en la reestructuración de la entidad.
Junto a Fernández Gayoso, en la ‘comisión de retribuciones’ figuran representantes de los principales partidos políticos gallegos. Es el caso del socialista Salvador Fernández Moreda, que compagina su labor en la caja con la presidencia de la Diputación de A Coruña, o de Mauro Varela, que fue diputado nacional del PP. Al cierre de esta información, EL BOLETÍN no había recibido respuesta de los grupos políticos. Por su parte, fuentes de la Xunta han defendido que el ejecutivo gallego “no tenía conocimiento” ni ostenta “competencias” para controlar las indemnizaciones cobradas. “La legislación autonómica no nos permite controlar estos contratos” han aclarado estas fuentes, que consideran que es el Banco de España el que “debe dar explicaciones” sobre este asunto.
Completan la comisión de retribuciones Pilar Cibrán Ferraz, con una vinculación indirecta a BNG como representante del ayuntamiento de O Porriño, Alfonso Zulueta de Haz, actualmente presidente del ‘Consello da Cultura Galega’ y fundador del Partido Galego Social Demócrata, y el médico Enrique Porteiro Tuñas.
Según el informe anual corporativo de Novacaixagalicia, la ‘comisión de retribuciones y nombramientos’ tiene entre sus principales funciones “informar la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del consejo de administración y de la comisión de control y personal directivo, y velar por la observancia de dicha política”, así como “garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en los presentes Estatutos y en la legislación aplicable para el ejercicio del cargo de miembro” de los máximos órganos directivos.
El diario ‘El País’ publicaba ayer que la entidad, nacionalizada el pasado viernes por el Banco de España, ha destinado 23,6 millones de euros a cubrir las jubilaciones de tres altos ejecutivos. A José Luis Pego, ex director general de Novacaixagalicia, le han correspondido 10,8 millones; al ex responsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, 7,5 millones; y al ex director general adjunto, Javier García Paredes, 5,3 millones.
