Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió recuperar el impuesto del patrimonio, hace ya 15 meses, tres autonomías gobernadas por el PP rechazaron aplicar el tributo: Baleares, la Comunidad Valencia y Madrid. En aquel entonces argumentaron que era injusto y perjudicaba a las clases medias. Después las necesidades recaudatorias pesaron más que las convicciones, aunque solo en el caso de las dos primeras porque el Gobierno de Ignacio González sigue sin querer oír hablar del tema, y eso, que con este gravamen evitaría la aplicación del euro por receta o la externalización sanitaria.
También la Comunidad de Madrid sería, y con diferencia, la autonomía que más recursos captaría si aplicara este impuesto, conocido como el gravamen de los ricos. En el último ejercicio en que recaudó este tributo, el de 2008, ingresó 632 millones de euros, el 30% de los 2.112 millones recabados en el conjunto de España aportados por cerca de un millón de declarantes.
Ahora la capacidad recaudatoria sería mucho menor, porque el Ejecutivo de Zapatero amplió el mínimo que estaba exento. Los contribuyentes que deben pagar el impuesto sobre el patrimonio son los que poseen una riqueza neta superior a los 700.000 euros (los primeros 300.000 euros de la primera vivienda están libres de esta carga tributaria) frente a los 108.182 euros vigentes en el ejercicio 2008.
En este sentido, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula Madrid podría recaudar 323 millones de euros si implantara este gravamen a las 27.629 fortunas que residen en la autonomía, algunas de ellas procedentes de distintos puntos de España, pero que han fijado su residencia en la comunidad, según ha asegurado un portavoz de los técnicos de Hacienda a Europa Press.
Otras autonomías han ido mucho más allá, como es el caso de Cataluña. El Gobern aprobó el pasado jueves, en su primera reunión de la legislatura, una modificación de este impuesto que rebajará de 700.000 a 500.000 euros los patrimonios sujetos al pago del tributo. La reforma mantiene el impuesto en los ocho tramos que había hasta ahora pero aumenta los tipos de gravamen en un 5%, y en el tramo más alto (patrimonios superiores a 10,7 millones de euros) se incrementa hasta el 10%. El objetivo de la Generalitat es recaudar entre 70 y 90 millones de euros extra.
El impuesto sobre el patrimonio es un tributo que grava la riqueza neta. La base imponible la forma el valor de los bienes del contribuyente, como las viviendas, cuentas corrientes, joyas, depósitos, acciones…, de las que se descuentan las deudas pendientes. En la mayoría de los casos, los tipos oscilan entre el 0,2 y el 2,5 %, dependiendo de la base liquidable.
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