El nuevo impuesto sobre los depósitos bancarios de Cataluña no podrá recaudarse, ya que la tasa estatal entrará en vigor en enero, pero en principio permitirá a la autonomía percibir la compensación que el Estado deberá pagar a todas las regiones, como Andalucía, Canarias y Extremadura, que ya tenían un tipo impositivo similar.
Hace apenas una semana, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció la creación de un impuesto a tipo cero sobre los depósitos de clientes en entidades bancarias, una decisión con la que pretendía cerrar la puerta a que las administraciones autonómicas se lanzasen a crear sus propios impuestos y rompiesen la homogeneidad del tratamiento tributario en los depósitos bancarios.
A las comunidades de Andalucía, Extremadura y Canarias, que ya cobraban un impuesto análogo, Hacienda les compensará, pero el Gobierno pretendía cerrar la puerta a que otras regiones siguiesen su ejemplo. La entrada en vigor está prevista para el uno de enero de 2013, en poco más de diez días.
Sin embargo, Montoro no contaba con los reflejos de la Generalitat catalana, que ayer mismo anunció su propio impuesto sobre los depósitos. “Formalmente esta normativa (española) no existe y esto nos permite anticiparnos”, argumentó Francesc Homs, portavoz en funciones del Gobierno catalán.
Además, para asegurar su aplicación el gobierno catalán usará la misma “técnica” retroactiva que el Gobierno y empezará a aplicar este tributo “el 30 de noviembre”, aunque convalide el decreto más adelante. La Generalitat asegura que sus previsiones apuntan que el tributo aportaría 500 millones de euros a las arcas regionales por lo que esa será la cantidad que pedirán a Hacienda
El nuevo impuesto sobre depósitos bancarios de Cataluña no recae sobre los clientes, sino sobre las propias entidades. En concreto, los primeros 150 millones en depósitos tributan al 0,3%, mientras que hasta 600 millones será del 0,4%. A partir de esa tasa, se aplicará el 0,5%. El nuevo tipo contempla una deducción de 200.000 euros para las entidades que tengan su domicilio social en Cataluña, al tiempo que establecerá sanciones si hay intentos de deslocalización.
La creación de este impuesto sobre los depósitos bancarios es una de las condiciones de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para apoyar la investidura de Artur Mas.
