La difícil situación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ya desde antes de la intervención del Banco de España, impidió a la entidad acudir a los mercados mayoristas de financiación durante la primera mitad del año. La solución, la barra libre de liquidez del Banco Central Europeo (BCE), a la que la caja alicantina confió casi por completo el pago de sus vencimientos.
Según las cuentas definitivas del primer semestre publicadas por los nuevos administradores de la CAM, de enero a junio de 2011 la deuda de la caja con el BCE ascendió a 7.341 millones de euros, más del doble de los 3.011 millones del mismo período del pasado año. Al mismo tiempo, la desconfianza en el interbancario se tradujo en que el saldo vivo de sus emisiones de deuda se redujo de 20.331 millones a 18.433, ante la imposibilidad de colocar nuevas colocaciones de bonos.
El pasado 22 de julio, el Banco de España se vio obligado a intervenir la CAM, a la que se comprometió a inyectar capital por 2.800 millones de dólares. Más en un segundo plano quedó el hecho de que el supervisor otorgaba una línea de crédito de 3.000 millones de euros con disponibilidad inmediata.
Con este dinero, Miguel Ángel Fernández Ordóñez intentaba asegurarse de que la entidad pudiese cumplir todas sus obligaciones frente a terceros, al mismo tiempo que hacía un llamamiento a la tranquilidad tanto de los depositantes como de los acreedores. La CAM afronta unos vencimientos de unos 5.000 millones de euros, y sin esta línea de crédito no habría podido sobrevivir.
A 30 de junio, la CAM perdió 1.136 millones de euros, con una tasa de morosidad que ascendió al 19%, y una cobertura de apenas el 39,4%. Los créditos dudosos se han duplicado en apenas seis meses, si se tiene en cuenta la tasa del 9,1% que la caja presentó en 2010.
La entidad alicantina cerró junio con un ratio de solvencia del 4,8%, aunque si se contabiliza la inyección de 2.800 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el capital de máxima calidad se eleva al 11,8%.
Las pérdidas por deterioro de activos financieros suponen 1.147 millones de euros, y las correspondientes al deterioro de otros activos se traducen en una carga neta de 424 millones, de los que 85 millones proceden del deterioro de la cartera de participaciones, y el resto de los activos adjudicados.
