La decisión de Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional, de retirar el pasaporte a los ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós y Roberto López Abad, ha sido recibida con satisfacción por parte de la Plataforma CAM, que reúne a afectados de la entidad alicantina.
En unas declaraciones concedidas a la agencia Efe, el portavoz de la plataforma, Carlos Pena, ha señalado que la decisión del juez supone “un paso más” que podría determinar si ambos directivos han “cometido delitos”. Pena ha explicado que los afectados hubieran preferido “ver a esta gentuza en la cárcel”, aunque ha señalado que es el juez quien debe “interpretar la ley”.
El juez Gómez Bermúdez acordó ayer retirar el pasaporte a Amorós y López Abad ante el posible riesgo de fuga y les impuso comparecencias quincenales en los juzgados o comisarías próximos a sus domicilios.
Para el resto de los imputados en la causa que se sigue contra la antigua cúpula de la CAM, el ex presidente de la entidad, Modesto Crespo; el exdirector de Recursos, Vicente Soriano, y el exdirector de Planificación y Control de la caja, Teófilo Sogorb, el juez no ha decretado ninguna medida cautelar, tal y como pedía la acusación popular.
Los cinco imputados están acusados de un delito societario, de estafa, de apropiación indebida y de manipulación del precio de las cosas.
