El contrato que firmará España el próximo 20 de julio para poder acceder al rescate de hasta 100.000 millones de euros para respaldar a los bancos establece una dura condición para los afectados por las participaciones preferentes. Los accionistas de este ‘capital híbrido’ tendrán que asumir parte de las pérdidas, de manera que todo el peso de la reestructuración no recaiga sobre las arcas públicas.
Los accionistas y titulares preferentes y de deuda subordinada de los bancos que requieran financiación pública podrían llegar a asumir unas pérdidas de hasta el 90% si, como muchos analistas han advertido ya, España sigue los pasos de Irlanda.
Los tenedores de bonos junior irlandeses llegaron a perder hasta el 90% del valor nominal de sus inversiones como parte de los esfuerzos para aligerar la carga de la recapitalización de los bancos.
El saldo vivo de estas participaciones preferentes en España asciende a algo más de 4.500 millones de euros, la inmensa mayoría de Bankia.
