El Partido Popular ha arremetido con fuerza contra el Banco de España, tras la nacionalización el pasado viernes de CatalunyaCaixa, Unnim y Novacaixagalicia, que se unen a la intervención a finales de julio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En plena precampaña electoral, los populares acusan a Miguel Ángel Fernández Ordóñez de haber realizado una supervisión deficiente que ha desembocado en la situación actual.
Uno de los más críticos es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha señalado durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press, que esperaba “mucho más rigor” del Banco de España al hacer la valoración de Novacaixagalicia. Para Feijóo, Ordóñez ha ejercido como comentarista en los últimos minutos del partido en lugar de dedicarse a supervisar durante los últimos ocho años.
El supervisor valoró a la caja gallega con un descuento del 93% para recibir la ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que supone su nacionalización y deja a la caja con una participación testimonial del 6,9% en el nuevo banco, lo que diluye su patrimonio de 1.714 millones de euros a 181 millones. Hace diez días, Feijóo había asegurado que daba luz verde a la operación tras asegurarse de que la caja controlaría un 15% del banco.
No obstante, algunos observadores del mercado apuntan a que la nueva Ley de Cajas (Lorca) otorga a los gobiernos autonómicos algunas autoridades sobre las cajas de ahorros de las regiones bajo su mando, por lo que Feijóo no sería tan ‘inocente’ sobre la situación en la que se encuentra la caja gallega. Aunque la última reforma de la Lorca, de julio de 2010, limita la presencia de cargos electos en el consejo de administración de las cajas, también establece que las administraciones públicas en dichos órganos de gobierno pueden alcanzar el 40% de los derechos de voto.
Mientras Feijóo se lamenta de la nacionalización de Novacaixagalicia, el diputado nacional del Partido Popular por Murcia, Vicente Martínez-Pujalte, ha acusado a Ordóñez de no haber hecho su trabajo respecto a la gestión de la CAM, porque era él el que “tenía la obligación de vigilar”. “Lo que nos hubiéramos ahorrado si el gobernador del Banco de España hubiera hecho su trabajo”, ha precisado Martínez-Pujalte, que responde así a las declaraciones de Ordóñez el pasado viernes, cuando señaló que la caja alicantina era “lo peor de lo peor”.
Ordóñez finaliza su mandato el próximo año y su intención era que la reestructuración de las cajas de ahorros se convirtiese en su gran legado. Sin embargo, el proceso ha contado desde el primer momento con reticencias tanto de la oposición como de los gobiernos autonómicos. Tras las nacionalizaciones del pasado viernes, el reto del gobernador es ahora encontrar compradores para las cajas, ya que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tiene vocación de ser temporal.
Voces críticas
No sólo desde el PP han surgido voces críticas contra la labor de supervisión del Banco de España. Según publica el diario Levante, Juan José Sellés, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, ha pedido la dimisión del gobernador por “no haber sido capaz de realizar su tarea de control y supervisión”. El portavoz alicantino ha apuntado que “si el gobernador no sabía lo que ocurría en la caja es que no hacía bien su trabajo y, si lo sabía, aún peor”. Sellés, como presidente de Cepyme, en su momento apoyó la candidatura de Modesto Crespo a la presidencia de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), cargo que ocupó antes de ser nombrado presidente de la CAM.
