Las empresas de la familia Ruiz-Mateos deben cerca de 50 millones de euros a la Seguridad Social. Este departamento, tal y como recogen los Registros de la Propiedad, ya ha iniciado procesos de embargo por un importe cercano a los 19 millones de euros.
Dhul y Clesa, dos de las sociedades del ‘holding’ con mayores problemas, concentran la mayor parte de esta deuda, según Efe. Concretamente, en el caso de Clesa la Seguridad Social ha iniciado embargos por valor de 13,2 millones de euros contra fincas situadas en Jerez, Málaga, Tarragona, Sevilla, Alicante, Burgos, Murcia, Ciudad Real y Pontevedra.
En el caso de Dhul, los procedimientos de embargo de este departamento alcanzan los 5,5 millones de euros por el impago de las cuotas de los trabajadores de las fábricas de Granada y Málaga.
Sin embargo, la Seguridad Social no es la única que se encuentra detrás de los activos de Nueva Rumasa. La banca también tiene fuertes intereses, ya que la mayoría de las fincas propiedad de Clesa y Dhul se encuentran hipotecadas a favor de las entidades financieras como garantía de los préstamos que concedieron a las empresas de la familia Ruiz-Mateos. Estas operaciones se llevaron a cabo en 2008 y 2009.
Según la agencia, las fincas de Clesa anteriormente nombradas fueron hipotecadas por distintas entidades por un importe acumulado superior a 163 millones de euros. No obstante, la explotación ganadera de Burgos es la que ostenta la situación más complicada. Los datos revelan que esta propiedad soporta hasta once hipotecas a favor del Banco Santander, principal acreedor de Nueva Rumasa, que le debe alrededor de 330 millones de euros.
Por otro lado, el concurso de acreedores al que se acogió ayer Dhul ha supuesto otro duro golpe para los acreedores del conglomerado. Los abogados que representan a los inversores han señalado que esta situación afectará a la mayoría de los tenedores de pagarés de Nueva Rumasa, ya que esta firma era la principal avalista de estos productos de inversión.
Agustí Bou, del bufete Jausas, ha indicado a Europa Press que el concurso de Dhul deja a los inversores ante dos situaciones distintas. Por un lado, el principal invertido en esas operaciones se contabilizará como deuda ordinaria, es decir, los inversores cobrarán esta parte en tercer lugar, por detrás de las entidades financieras y las administraciones públicas.
No obstante, los intereses vencidos y no cobrados se calificarán como créditos subordinados, lo que les coloca al final de la lista de los acreedores de Nueva Rumasa, junto con los inversores que suscribieron las ampliaciones de capital de Dhul y Clesa, aunque el cobro de esta parte no está totalmente garantizado. Los inversores podrían verse afectados si los administradores concursales de Dhul solicitan una acción rescisoria sobre los avales para asegurar el cobro de las deudas de los principales acreedores.
Aunque la espera de los inversores no será tan larga. Poco antes del cierre de esta edición, Efe comunicaba que el Juzgado de lo Mercantil número uno de Granada sólo ha tardado un día en declarar el concurso voluntario de acreedores de Dhul. De esta forma, el control de la empresa pasa a los administradores concursales que, según el auto judicial, son dos abogados, Deloitte como persona jurídica profesional en auditoría de cuentas, un economista, y Endesa, esta última acreedora ordinaria y suministradora de energía eléctrica y de gas natural de la empresa concursada. Estos administradores tendrán cinco días para decidir si aceptan este cargo.
Como curiosidad del día, los consumidores encuestados por Facua han elegido la campaña de pagarés de Nueva Rumasa como el Peor Anuncio del Año. La estrategia de la familia Ruiz-Mateos, que prometía unos intereses anuales muy por encima de los ofertados en la coyuntura económica actual, ha recibido el 35% de los votos.
