El proceso de fusión fría liderado por Caja Madrid se ha encontrado con una piedra en el camino con la nueva ley de cajas aprobada por la Junta de Castilla y León. El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera exige en el nuevo texto que las asambleas de Caja Segovia y Caja Ávila (dos de las entidades involucradas) aprueben con una mayoría de cuatro quintas partes el proyecto, para que éste siga adelante.
La Junta aprobó ayer el Decreto ley que adapta la normativa estatal en materia de cajas de ahorros, una regulación que no obstante va más allá de los mínimos exigidos por el Gobierno central, al menos en lo que se refiere a los mínimos para aprobar los procesos. Frente a la mayoría de dos tercios solicitada habitualmente, las asambleas de Caja Ávila y Caja Segovia deberán aprobar su inclusión en el SIP con al menos un 80% de los votos a favor.
El vicepresidente segundo y consejero de Economía de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha justificado esta medida porque las fusiones virtuales suponen “decisiones especialmente trascendentes para el futuro y la permanencia de las cajas”.
Los posibles opositores al proceso sólo necesitarán 25 votos entre los 120 consejeros generales (entre ambas entidades) que tomarán su decisión final en las asambleas generales que se celebrarán el próximo 14 de septiembre. Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja, las otras cajas involucradas dentro de la fusión virtual, celebrarán también en esa jornada sus respectivas asambleas.
La Junta siempre se ha mostrado reticente a la inclusión de Caja Ávila y Caja Segovia en el SIP liderado por Caja Madrid, ante el temor de que ambas entidades acaben perdiendo su independencia a manos de la caja presidida por Rodrigo Rato. De hecho, en una primera fase de la reestructuración del sector, presionó para que las cajas se involucraran dentro de una fusión para crear una única caja castellano leonesa, aunque finalmente sólo Caja España y Caja Duero se adhirieron a este proyecto.
En el caso de llegar a buen puerto la fusión fría liderada por Caja Madrid, y según los términos actuales, la entidad presidida por Rodrigo Rato controlará el 52,1% de la nueva entidad, 11 de los 21 miembros del nuevo consejo de administración, y la presidencia ejecutiva del SIP. Bancaja contará con una participación del 37,7%, seis miembros del consejo de administración, y la vicepresidencia ejecutiva, cargo que ocupará el actual presidente de la entidad valenciana, José Luis Olivas.
Las otras cinco cajas se repartirán el restante 10,2% y los cuatro asientos restantes en el consejo. Caja Insular de Ahorros de Canarias controlará el 2,5%; Caja Ávila, el 2,3%; Caixa Laietana, el 2,1%; Caja Segovia, un 2,01%, y Caja Rioja, 1,3%. En este sentido, la presión de la Junta de Castilla y León podría responder a la intención de ganar más peso en la nueva entidad, o incluso a la posibilidad de ganar algún asiento en el futuro consejo de administración.
La fusión virtual liderada por Caja Madrid es uno de los procesos más ambiciosos puestos en marcha desde que se inició la reestructuración del sector financiero. Las siete cajas suman actualmente 4.500 oficinas, 26.000 empleados y unos activos de 340.000 millones de euros, lo que consolidaría el nuevo SIP como la primera caja de ahorros de España. Además, se convertiría en la primera entidad en banca comercial y de empresas en el mercado nacional por volumen de negocio.
A la espera de las votaciones del próximo día 14, la ‘Mesa de Negociación Laboral’ del SIP que forman Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja mantuvo ayer su primera reunión de trabajo tras su constitución.
