Los condenados se aprovecharon de su posición en la CAI para adquirir inmuebles a precios inferiores y conseguir créditos sin las garantías necesarias. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cuatro años de cárcel al exdirector general de la desaparecida Caja Inmaculada (CAI) Tomás García Montes, al exdirectivo Javier Alfaro y a un socio de ambos, Ramón Marrero, por un delito de apropiación indebida agravada.
En la sentencia, que recoge la agencia Efe, el tribunal les impone el pago de sendas multas de 3.600 euros a cada uno y de indemnizaciones por diversos conceptos que en conjunto rozan los siete millones de euros (6.927.915), pero los absuelve de los delitos de administración desleal y estafa continuada.
La esposa de Alfaro, María Ángeles Álvarez, también es condenada como partícipe a título lucrativo y deberá abonar de forma solidaria con su marido 110.735 euros.
La causa se inició a raíz de la interposición en 2012 por parte de la CAI, ahora integrada en Ibercaja, de una denuncia contra los exdirectivos de la entidad por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, a la que posteriormente se sumó la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
Los hechos probados son que los tres condenados se aprovecharon de su posición la entidad financiera para adquirir inmuebles a precios muy inferiores a los del mercado y conseguir créditos sin las garantías necesarias, todo lo cual causó un daño patrimonial a distintas sociedades dependientes de la extinta caja.
Asimismo, considera probado que Arcai, una sociedad participada mayoritariamente por CAI Inmuebles, abonó parte del coste de un viaje de las tres familias a Egipto, cuyo importe total fue de 200.000 euros.
La marcha partió en Madrid desde Gran Vía con Alcalá y discurrió hasta la Plaza de España y, según los sindicatos CCOO y UGT,…
