Benjumea y Sánchez Ortega se llevaron indemnizaciones millonarias meses antes de que Abengoa se declarase en preconcurso de acreedores. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela abre juicio oral por delito de administración desleal en el denominado ‘caso Abengoa’ contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea, el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y los exconsejeros Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde y Antonio Fornielles, quienes integraban y asistieron a la reunión de la Comisión de Nombramientos en la que se acordó el pago de las indemnizaciones millonarias investigadas.
En el auto conocido hoy, Lamela requiere a Benjumea, Gracia Diez, Velarde y Fornieles para que en el plazo de 24 horas presten fianza por responsabilidad civil, de forma conjunta y solidaria, por un total de 3.429.200 euros, cantidad que resulta de restar a la fianza de 14.929.200 euros que se le impone al primero (11.484.000 euros que supuestamente cobró indebidamente, más el tercio estipulado por ley) la cantidad ya afianzada por el propio Benjumea, de 11,5 millones de euros.
En el caso de Sánchez Ortega, la magistrada también le requiere para que en el plazo de 24 horas preste fianza por 1.329.200 euros, cantidad que resulta de restar a la fianza de 5.829.200 euros que se le impone (4.484.000 euros que presuntamente cobró de forma indebida, más el tercio estipulado en la ley) los 4.500.000 que ya afianzó a lo largo del procedimiento.
Benjumea y Sánchez Ortega se llevaron unas indemnizaciones por cese anticipado de 11,4 y 4,5 millones de euros en septiembre de 2015, cuando se formalizó su salida de la empresa andaluza, unas cifras que “no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad” en aquel momento, según considera Lamela. El 25 de noviembre de ese mismo año, Abengoa presentaba en los juzgados mercantiles una solicitud de preconcurso de acreedores.
La resolución judicial, que recoge los escritos de la Fiscalía y las acusaciones en los que concretan sus solicitudes de condenas, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos.
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