El Gobierno se ha dado un plazo de dos semanas para aprobar un código de buenas prácticas sobre las cláusulas suelo. El pasado viernes, el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar un código de buenas prácticas al que pudiesen acogerse voluntariamente los bancos para devolver a los clientes el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo. Sin embargo, el Gobierno dio finalmente marcha atrás a su decisión ante la oposición del resto de partidos, dándose un plazo de dos semanas para sacar adelante el proyecto pero sin que se sepa bien qué puede implicar finalmente.
De hecho en el sector financiero reina ahora mismo la incertidumbre sobre este proyecto del Gobierno. Diversas fuentes consultadas por ElBoletin.com coinciden en que todo es ahora mismo demasiado vago sobre las intenciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, y de si este código finalmente saldrá adelante en los términos que se filtraron inicialmente, será reformado sustancialmente o simplemente aplazado ‘sine die’.
El asunto de fondo en sí mismo es espinoso desde que se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a aplicar una retroactividad total en las cláusulas suelo, frente a la fecha límite de mayo de 2013 que aplicaba la doctrina del Tribunal Supremo. De hecho, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal español tiene previsto reunirse en Pleno a mediados de este enero para corregir su criterio y adaptarlo a la sentencia de Luxemburgo, y algunos bancos afectados ya han adelantado que esperarán a su pronunciamiento antes de tomar cualquier decisión al respecto.
El propio hecho de que el asunto esté judicializado podría atar de manos al Gobierno sobre las medidas a tomar, aunque la intención del Ejecutivo es que se concrete “un procedimiento” que evite en la medida de lo posible acudir a los tribunales para tener que recuperar el dinero, según palabras de Mariano Rajoy.
El PSOE, cuya aprobación es imprescindible si el Gobierno quiere que su proyecto salga adelante, defiende también una “solución extrajudicial” que agilice la recuperación del dinero, pero exige que no sea voluntaria, sino obligatoria para los bancos.
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