La retroactividad total en las cláusulas suelo supondría un coste adicional de 334 millones sobre lo ya provisionado. La “provisión necesaria” a 30 de junio de 2016 para que el Banco Popular cubra el riesgo de las cláusulas suelo con efecto retroactivo hasta 9 de mayo de 2013 –fecha que establece la doctrina del Supremo- asciende a 305 millones de euros, según ha comunicado la entidad que preside Ángel Ron en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El banco recuerda que a diciembre de 2015 ya se registró una provisión “para cubrir las posibles contingencias de cláusulas suelo de 350 millones de euros por el efecto retroactivo hasta el 9 de mayo de 2013”, por lo que sobre el papel el riesgo estaría cubierto.
Respecto a la posibilidad de que la retroactividad en estas polémicas cláusulas sea total, es decir, desde el origen del préstamo, el Popular defiende que se trata de un riesgo “remoto”.
El caso está a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero tal y como recuerda el banco en su documento al regulador, el abogado general de la UE se mostró a favor de mantener la retroactividad en mayo de 2013, tal y como decidió el Tribunal Supremo español, ya que “resulta justificada” esta limitación en el tiempo de la nulidad de la cláusula, “sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional”.
En concreto, el abogado general propuso al Tribunal de Justicia de la UE que “declare que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con la Directiva de protección de los consumidores, dando por válida la retroactividad hasta mayo de 2013, como señaló la sentencia del Tribunal Supremo, no exigiéndose la retroactividad a origen”.
“Consideramos que este parecer del abogado general refuerza la consideración como remoto del riesgo de retroactividad hasta el origen”, señala el Popular en su documento a la CNMV, en el que lo estima, no obstante en “334 millones de euros adicionales a lo ya provisionado”. Esta estimación se ha realizado “con base en hipótesis, asunciones y premisas que se consideran razonables aunque no puedan llegar a materializarse, partiendo además de una elevada incertidumbre sobre el potencial colectivo de hipotecas que pudiera verse afectado”.
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