Lo cierto es que el presidente de ACS se atiene a pies juntillas a una cláusula especial que la administración pública española con frecuencia incluye en sus contratos: la responsabilidad patrimonial. Estas palabras no indican otra cosa que si una concesión del Estado para obra pública de infraestructura no alcanza los volúmenes de negocio previstos, esta brecha se debe suplir mediante aportaciones que procederán directamente de las arcas públicas.
Hace unos días saltó la noticia de que la concesionaria del túnel transpirenaico por el que circula el poco concurrido tren de alta velocidad entre Madrid y París paseaba al borde de la quiebra y que pronto reclamaría responsabilidades al Estado español. Este viernes, el Ministerio de Fomento no ha tenido otro remedio que reconocer que una vez más deberá echar mano a su caja fuerte para cumplir con las proyecciones que en su día se ofrecieron al grupo constructor que lidera Florentino Pérez.
La negativa de la banca acreedora a asumir el plan de viabilidad presentado por TP Ferro, la concesionaria del túnel en cuyo accionariado participa el grupo ACS junto con el francés Eiffage, ha precipitado la bancarrota y, por extensión, la exigencia de los pertinentes resarcimientos públicos. El ministro en funciones Rafael Catalá ha explicado que efectivamente “el contrato de concesión prevé que las administraciones públicas españolas y francesa tienen la responsabilidad patrimonial, que es la del rescate de la infraestructura, y se deberá indemnizar a la concesionaria por las inversiones llevadas a cabo y no recuperadas”, afirmó en la tarde de ayer en Málaga.
Ante esta sentencia que admite poca discusión, el punto de debate estará en el importe de este nuevo rescate público. Desde fuentes próximas al entorno de Florentino Pérez referidas por varios medios se lleva apuntando varios días a la posibilidad de que el montante reclamado esté entre los 450 y los 500 millones de euros, un abultado volumen que augura una larga batalla judicial para algunos que otros no prevén.
Los segundos cuentan con el argumento de lo acontecido en el almacén de gas Castor. La suspensión del proyecto al poco de su arranque debido a la sucesión de varios terremotos y temblores de tierra en las costas de Castellón frente a las que se ubica la instalación submarina se ha traducido hasta el momento en una indemnización para Escal, antigua sociedad filial de ACS y Enagás, en indemnizaciones por hasta 1.350 millones de euros, de los que parte no se habrían publicitado a través de los cauces más oficiales.
Frente a esta práctica habitual en labores de ingeniería de calado, Florentino Pérez parece haber corrido peor suerte en su otro gran negocio: el Real Madrid que también preside. El Ayuntamiento de Madrid, regido por la exjueza Manuela Carmena, ha anunciado que reclamará al club merengue 18,4 millones de euros de ayudas públicas entregadas en anteriores legislaturas y de dudosa tramitación.