Los sindicatos denuncian que Liberbank se negó a entregar en la negociación las cuentas trimestrales más recientes de la entidad porque eran mejores que las del año anterior. Déjà vu. Liberbank y los sindicatos CSICA, STC y CSI volvieron a verse las caras el pasado miércoles en la Audiencia Nacional, esta vez sobre las medidas aplicadas unilateralmente por el banco en 2013 justo antes del acuerdo con CCOO y UGT que ya fue anulado por el tribunal en una sentencia ratificada por el Supremo.
Durante esta vista, que podría ser clave para dilucidar las compensaciones que recibirán los empleados por el ERTE anulado, los sindicatos demandantes denunciaron que Liberbank negoció con los representantes de los trabajadores con unas cuentas del año anterior al tiempo que presentaba al mercado unas más recientes y que ofrecían un panorama mejor para la entidad.
Entre otros aspectos, los sindicatos entienden que las medidas aplicadas por el banco deben ser anuladas dada “la negativa de la empresa a entregar a la parte social los datos económicos del primer trimestre de 2013 en el periodo de consultas”, según señala CSICA en un comunicado.
En concreto, el perito de CSICA señaló en el juicio que el día 23 de abril de 2013 la dirección de Liberbank presentó a los representantes de los trabajadores una serie de recortes en base a las pérdidas de 1.900 millones de euros registradas en 2012. Ese mismo día, comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unos resultados del primer trimestre de 2013 que arrojaban unos beneficios de 33 millones de euros.
“La empresa se negó a entregarlos porque prefería seguir apoyando sus recortes en las pérdidas del cierre de 2012 inducidas por los ‘decretos Guindos’ de limpieza del ladrillo, pérdidas no atribuibles a la actividad financiera y que tuvieron en esa misma época todos nuestros competidores financieros”, señala la formación sindical.
Tras unas infructuosas negociaciones, Liberbank aprobó en mayo de 2013 una serie de ajustes de manera unilateral que motivó que todos los sindicatos presentasen una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, en junio de ese mismo año el banco llegó a un acuerdo con CCOO y UGT para un ajuste que se aplicó hasta diciembre de ese año pero que fue anulado por la Audiencia Nacional por vulnerar la libertad sindical, siendo refrendada posteriormente esta anulación por el Tribunal Supremo.
La interpretación del banco fue que al ser anulado este ERTE, seguían vigentes las medidas aplicadas unilateralmente, lo que supondría una devolución a los trabajadores de unos seis millones de euros, frente a la interpretación de los sindicatos demandantes, que reclaman 65 millones.
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