¿Panamá? ¿Bahamas? ¿Qué es para España un paraíso fiscal?

Paraíso fiscal
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Ante la inexistencia de una lista única global, cada estado u organismo contempla sus propios criterios para catalogar a los territorios por su fiscalidad. Dentro de un mes se cumplirán 25 años desde que España se dotó de su primera ‘lista negra’ de vergeles de la evasión. En 1991 incluyó en ese registro a 48 países y territorios “a los que cabe atribuir el carácter de paraísos fiscales”. No obstante, la propia ley confiaba en que el inventario fuese variable, quedando sujeto “a las modificaciones que dicten la práctica, el cambio en las circunstancias económicas y la experiencia en las relaciones internacionales”.

Algunas de esas circunstancias debieron de concurrir años después, porque la actual lista de paraísos para España ha adelgazado hasta 33 jurisdicciones offshore, y países como Panamá o Bahamas escaparon del cómputo. No hay una lista única global que obligue a toda la comunidad internacional a considerar paraíso fiscal a un determinado territorio, por lo que queda a juicio de cada estado fabricar una lista propia.

La ley española de 1991, actualizada por Decreto una década después, fijó que aquellos países que firmasen con España acuerdos de intercambio de información tributaria o un convenio para evitar la doble imposición dejarían de tener la consideración de paraísos fiscales desde el mismo día en que entraran en vigor los pactos y fuesen publicados en el BOE.

Hasta 2011, España firmó cinco acuerdos para el canje mutuo de información fiscal desde 2008, lo que dejó fuera de la lista a Andorra, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas y San Marino. Desde 2005 a 2011 otros siete países se libraron del dudoso honor de la etiqueta de paraíso fiscal gracias a los acuerdos sobre doble imposición: Emiratos Árabes, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Barbados y Panamá. Estos tres últimos fueron firmados prácticamente al unísono, en los últimos meses de 2010, y el cómputo revela que los 12 territorios salieron de la lista de paraísos durante los dos mandatos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Solo otros tres territorios salieron de la lista fuera de ese periodo.

Este es el motivo de que el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, pudiese afirmar que Panamá no es un paraíso fiscal, sino que cuenta con una «cultura tributaria distinta» a la española y hay que entender que esa «distinta realidad forma parte de la diversidad de las relaciones internacionales». Oficialmente, el país en el que trabaja el despacho Mossack Fonseca y entre cuyos documentos filtrados ha aparecido el nombre del ministro de Industria, José Manuel Soria, como administrador de una offshore en 1992, no es un paraíso fiscal para España. Tampoco es un paraíso fiscal Bahamas, territorio donde estaba radicada la sociedad de Soria a pesar de estar en manos de Fonseca. «Creo que algunos están sobreactuando con la explosión del Panamá leaks”, lamentaba Catalá, su compañero de filas.

La escueta «lista gris» de la OCDE

Pero algunos organismos como la OCDE o la UE manejan sus propios nombres. Hace dos años, la Comisión Europea publicó su lista, que incluye a Panamá entre los territorios propicios para la evasión, y a Bahamas. Hasta nueve países europeos, entre ellos Portugal, Grecia, Francia, Bulgaria o Polonia, están de acuerdo con esta clasificación. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó la lista mas conocida de paraísos fiscales en 2000, incluyendo a 31 estados. Pero a fecha de 2011, solo quedaban dos: Niué y Naurú.

Se trata de la “lista gris”, para presionar la toma de medidas y firma de convenios sobre aquellos territorios que seguían mostrando trazas de funcionar como países propicios para evadir y eludir impuestos. Con esos acuerdos pudieron escapar del registro de la OCDE estados como Gibraltar, Mónaco o Jersey, entre los clásicos, pero también otros enclaves como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas.

10.000 millones menos en la Hacienda española

No obstante, se calcula que estos refugios hacen perder al año entre 50.000 y 70.000 millones de euros a la UE en impuestos evadidos. OCDE y G20 pusieron en marcha el programa BEPS, por sus siglas en inglés, de Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. El programa explica que “en los casos de actividades económicas transnacionales, la interacción entre distintos sistemas impositivos nacionales puede derivar en la imposición por parte de más de una jurisdicción, o doble imposición”. Sin embargo, admite que “estas mismas normas han facilitado, en algunos casos, el caso contrario, por ejemplo, la doble no imposición”. Es decir, que empresas acaben no pagando impuestos en ningún país o haciendo “desaparecer” beneficios a efectos fiscales. La OCDE calcula que el fenómeno BEPS afecta a “entre un 4% – 10% de la recaudación del impuesto sobre sociedades (CIT), lo que supone alrededor de entre 100.000 y 240.000 millones de dólares estadounidenses anuales”.

Para el caso de España, los fondos de apellido español que declaran estar en paraísos fiscales no llegan a los 3.000 millones de euros. Sin embargo, cálculos como el de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) sitúan en 10.000 millones de euros anuales lo que la Agencia Tributaria deja de recaudar en España por esta ocultación de dinero en paraísos fiscales.

“¿Cuáles son las soluciones?”, se preguntaba la OCDE al poner en marcha el programa BEPS hace solo medio año. El organismo afirma contemplar medidas para “mejorar la coherencia de los estándares impositivos internacionales, reforzar su focalización en la sustancia económica y garantizar un entorno fiscal de mayor transparencia”.

Para ello dispone cambios en materia de convenios tributarios bilaterales, incluyendo “un estándar mínimo con el fin de prevenir la búsqueda del tratado más favorable o la revisión de las normas sobre el traslado de beneficios”. Pero en este punto es necesario crear “un nuevo instrumento multilateral” para aplicar estas medidas. La OCDE/G20 afirma que la red de convenios bilaterales ya funciona para 90 países “que negocian en un plano de igualdad”, y prevé que “el instrumento quedará abierto para su firma por parte de todos los países interesados en 2016”.

Actualmente, la lista española de paraísos fiscales incluye a Islas Marianas, Reino Hachemita de Jordania, Bermuda, Mauricio, República Libanesa, Islas Caimanes, Montserrat, Republica de Liberia, Emirato del Estado de Bahréin, Islas Cook, República de Nauru, Principado de Liechtenstein, Sultanato de Brunei, República de Dominica Islas Salomón, Granada, San Vicente y Granadinas, Macao, Fiji, Santa Lucía, Principado de Mónaco, Gibraltar, Isas de Guernesey y Jersey, Sultanato de Omán, Islas Turks y Caicos, Anguilla, República de Vanuatu, Antigua y Barbuda, Islas Malvinas, Islas Vírgenes, Británicas, República de Seychelles, Isla de Man e Islas Vírgenes de EEUU.