Desde Ciae se denuncia que las bajas sanciones a prácticas contra la libre competencia son más “un incentivo” que una medida oportuna para su erradicación. La capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para garantizar la libre competencia brilla por su ausencia tras dos años cumplidos del nacimiento del superregulador. Los autónomos denuncian que el organismo es protagonista del “fracaso en la vigilancia” para eliminar posiciones de dominancia o contrarias a la ley.
Desde la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (Ciae) se denuncia que el problema es de raíz al haber dotado a la CNMC de “un régimen sancionador muy pobre”. Tanto que, según la organización, resulta “insuficiente para disuadir del delito a los infractores” que atentan contra las normas de libre competencia en el mercado español.
Los autónomos se presentan, junto con las pymes y consumidores, como “la parte más afectada por la actuación de un organismo que es poco eficaz”. En este sentido subrayan que las multas que impone el superregulador siempre se sitúan en “el tramo más bajo” de las contempladas en la normativa y que además son “infinitamente menores que el beneficio ilícito obtenido” por las empresas que se saltan las reglas de juego. Algo que Ciae considera “un incentivo” hacia estas prácticas más que una penalización a las mismas.
Después de recordar que la CNMC “no ha publicado memorias de actividad en sus dos años de existencia”, denuncian que el organismo “no ha servido” para uno de los objetivos primordiales por los que nació. En su lugar consideran que contribuye a que los mercados asimétricos “no acaben nunca”.
Las críticas se extienden también hacia la tardanza en la resolución de los casos. “Lo poco que pagan suele ser cobrado por el Estado después de ocho o diez años de recurso tras recurso en los tribunales”, recoge la crítica nota emitida por la organización de trabajadores autónomos. La única nota positiva que contempla -“más vale tarde que nunca”, apostillan- es que ahora se “promete” que se aplicará la prohibición de que la Administración Pública contrate con empresas sancionadas por delitos contra la competencia.
Ciae denuncia que este punto es algo que “venimos pidiendo desde hace tiempo”. Subrayan además que se trataría de una medida más eficaz para “eliminar el dominio de mercado en todos los sectores”. Un objetivo que, no obstante, consideran “muy lejos” de alcanzar hoy por hoy en España.
