Los límites de licencias VTC, la obligación de conseguir previamente al cliente y el establecer un número mínimo de vehículos para operar son algunos de los “obstáculos” que denuncia la CNMC. Competencia sale en defensa de las alternativas a los taxis tradicionales. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha tramitado al Consejo de Ministros un requerimiento de anulación para “impugnar” los “obstáculos” que la Administración le ha puesto a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) . “En el caso de que no se atienda el requerimiento realizado, la CNMC impugnará ante los tribunales este Real Decreto”, ha advertido el superregulador.
Los límites de emitir licencias VTC, la obligación de conseguir previamente al cliente, la compartimentación geográfica, el establecer un número mínimo de vehículos para operar y el no sobrepasar una antigüedad para poder circular son los “obstáculos” que buscará tumbar Competencia.
Por ello, el superregulador ha recordado al Gobierno que “está legitimada para impugnar las normas con rango inferior a la ley contrarios a los principios de regulación económica eficiente y competencia efectiva”. Ahí, entiende Competencia, que tiene suficientes motivos para actuar en defensa de la “libre competencia” en un “momento actual de innovación acelerada en el sector”.
Un Real Decreto aprobado el pasado 20 de noviembre que buscaba cercar a Uber y a los VTC y que ha encendido al organismo. Tras lo aprobado por el Ejecutivo, las “severas restricciones”, como las define Competencia, consisten en que en caso de un “desequilibrio entre la oferta y la demanda”, la Administración tiene permiso para denegar nuevas licencias de este tipo. Una demanda que no puede superar más de una autorización por cada 30 taxis. Algo que desde el superregulador interpretan que “impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse”.
Otro de los puntos de mira que ha situado la CNMC es que se prohíba la posibilidad de que los VTC puedan circular en las vías públicas en busca de clientes, reduciendo su trabajo a que hayan contratado, de forma obligada, previamente sus servicios. La limitación de ceñirse sus viajes a una única Comunidad Autónoma también es motivo para ‘tumbar’ lo aprobado. Y por último, Competencia critica que el Real Decreto establezca un número mínimo de siete vehículos para poder operar en este mercado, una antigüedad máxima de 10 años y otros requisitos injustificados de carácter técnico.
