Los abogados de los despachos que representan a los querellantes apuntan que tanto el consejo de administración como el comité de retribuciones de la compañía son “cooperantes necesarios” en el delito de administración desleal. Los bonistas que se querellaron contra el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el ex consejero delegado de la firma andaluza, Manuel Sánchez Ortega, por administración desleal ampliarán el proceso a todo el consejo de administración y el comité de retribuciones de la empresa.
Según han anunciado los despachos que representan esta querella, en el marco de la Plataforma de Afectados por Abengoa, Izquierdo Asociado e Ius+Aequitas, la querella se extiende porque entienden que “tanto la Comisión de retribuciones como el Consejo de administración” han sido “cooperadores necesarios” en el delito de administración desleal del que se acusa a Benjumea y Sánchez Ortega.
Al respecto, los letrados han reiterado que las indemnizaciones “inaceptables” al expresidente y el ex consejero delegado al abandonar la empresa, fueron propuestas por la Comisión y aceptadas por el Consejo, que las justificaron en “agradecimiento” a su labor al frente de la compañía de renovables e ingeniería.
Los abogados de los despachos de los querellantes Felipe Izquierdo, y Eliseo Martínez han señalado especialmente en rueda de prensa la responsabilidad en el caso del exministro y ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, que forma parte del consejo de Abengoa, según recoge Efe.
Por otro lado, Izquierdo y Martínez han informado también de que la querella se ampliará a los delitos de “falseamiento de documentación y estafa”, aunque en este caso esperarán la documentación financiera remitida por la compañía, así como la auditoría de KPMG.
En la querella, presentada por dos bonistas, admitida a trámite por la Audiencia Nacional ante la recomendación de la Fiscalía, se asegura que Benjumea y Sánchez Ortega conocían la realidad financiera de la empresa, pero buscaron su propio beneficio económico. En su auto, la juez ve indicios de un posible delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por la gestora de activos Blackrock.
Además, la magistrada solicitó a Abengoa la información sobre los pagos efectuados a los exdirectivos después de que abandonasen la empresa (11,5 millones en el caso de Benjumea y 4,5 millones en el de Sánchez Ortega) y les impuso una fianza civil por valor de las cantidades percibidas.
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