La formación magenta pide en total 408 años de cárcel para los imputados por las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid. UPyD ha registrado un escrito de acusación en la Audiencia Nacional solicitando 408 años de prisión para todos aquellos consejeros, directivos y otros miembros de Caja Madrid y Bankia que disfrutaron de su tarjeta black y cuyos delitos no estaban prescritos, entre ellos los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo rato.
La formación magenta, que mantiene los trámites de desistimiento de todas las causas judiciales en las que estaba personada “al no contar con los medios económicos ni el respaldo de los ciudadanos en las urnas para seguir adelante con su lucha contra la corrupción”, señala no obstante que, “por responsabilidad”, ha querido presentar este escrito de acusación.
Así lo ha explicado el portavoz de la formación, Andrés Herzog, “ante el riesgo de que muchos de los imputados puedan quedar impunes” por falta de acusación del ministerio público. “Antes de desistir de la causa de las tarjetas ‘black’ hemos querido intentar evitar que alguno de estos presuntos corruptos pueda salir indemne de sus delitos”, ha añadido Herzog, quien ha reseñado que “esto es lo que podría suceder directamente si la fiscalía o el resto de acusaciones no piden la apertura de juicio para algunos de los usuarios de las black”, como Rafael Spottorno o Matías Amat, entre otros.
En total, el escrito se dirige contra 66 personas, diferenciando entre Rato, Blesa y Barcoj, que controlaban el sistema presuntamente delictivo de emisión, entrega y control de las tarjetas black, del resto de usuarios, que tan solo eran usuarios de las mismas, de modo que este aspecto no les exime de responsabilidad penal, aunque si se rebaja su relevancia, a juicio de UPyD.
En concreto, para Blesa, Rato y Barcoj, UPYD solicita la máxima pena posible, 10 años de cárcel para cada uno. El partido pide para ellos seis años de prisión por un delito de apropiación indebida cometido a través de sus propias tarjetas y cuatro años de cárcel por un delito de administración desleal por la emisión del resto de tarjetas para los otros 63 consejeros. Igualmente, solicita para ellos la inhabilitación para empleo o cargo público y para la profesión bancaria.
Para los otros 63 consejeros, UPYD reclama seis años de prisión por apropiación indebida y la inhabilitación para empleo o cargo público y para la profesión bancaria.
UPyD presenta su escrito en representación de todas las acusaciones populares, y no sólo en nombre de la formación, con el objetivo de que el próximo desistimiento del proceso por parte del partido no haga decaer la acusación, ya que existe otra acusación popular, el CIC, que ha suscrito plenamente el escrito de UPyD y que tiene previsto continuar en el procedimiento.
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