El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, han presentado cuatro pólizas de seguros para cubrir las fianzas de 15,9 millones de euros. El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el antiguo consejero delegado de la firma, Manuel Sánchez Ortega, han constituido las fianzas de 11,5 y 4,4 millones de euros, respectivamente, impuestas por la Audiencia Nacional al admitir a trámite una querella contra las indemnizaciones millonarias que percibieron al abandonar la compañía. Sin embargo, el primero de ellos ha pedido aclarar si a la cantidad solicitada deben restarse las retenciones fiscales.
Según informa Efe, Benjumea habría recordado en un escrito fechado el pasado 23 de diciembre que las indemnizaciones están sujetas a una retención fiscal a través del IRPF que puede alcanzar el 45% del importe bruto cobrado. En este sentido, se pregunta si la cantidad que debe abonar, correspondiente a la indemnización obtenida, incluye “las cantidades retenidas a cuenta del IRPF y que no percibido”.
Tanto Benjumea como Sánchez Ortega han presentado cuatro pólizas de seguro como aval para intentar cubrir las fianzas, que juntas suman un total de 15,9 millones de euros. De acuerdo a las informaciones de Europa Press, la magistrada que lleva el caso, Carmen Lamela, ya ha trasladado esta información a la Fiscalía para saber si se da por satisfecha con las dos pólizas aportadas por cada uno de los antiguos responsables de la empresa de ingeniería y energías renovables.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 impuso las fianzas a la excúpula de la compañía andaluza hace un par de semanas, después de que la Fiscalía instara a admitir a trámite la querella presentada por dos propietarios de bonos de la compañía al ver delito en las indemnizaciones que se llevaron Benjumea y Sánchez Ortega.
En concreto, la Fiscalía pidió que se investigara si el expresidente y el exconsejero delegado de Abengoa pudieron incurrir en delitos de uso de información privilegiada y administración desleal con el fin de beneficiarse económicamente.
En la querella presentada, los bonistas les acusan de conocer la realidad financiera de la empresa, pero usar la información en provecho propio en lugar de “salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”
