El FGDse centrará a partir de ahora en su función de protección de los depositantes. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión que supone culminar el proceso de adaptación a la Unión Bancaria europea de la normativa española, según ha anunciado el Ministerio de Economía. La nueva norma desarolla el funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como Autoridad Nacional de Resolución, así como las contribuciones de las entidades al Fondo de Resolución Nacional y al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Este Fondo Nacional de Resolución se integrará en un Fondo Único de Resolución Europeo con el resto de fondos de la eurozona, que se constituirá a partir del 1 de enero de 2016. Las aportaciones de los bancos se calcularán “teniendo en cuenta tanto el tamaño de las entidades como su perfil de riesgo”, señala el ministerio que dirige Luis de Guindos. El nivel objetivo a alcanzar en 2024 del Fondo de Resolución es del 1% de los depósitos garantizados (hasta 100.000 euros).
El FGD, por su parte, a partir de ahora se centrará en su función de protección de los depositantes al tiempo que reduce su papel de asistencia en la resolución de una entidad. Se modifica por tanto el sistema de aportaciones de las entidades financieras de forma que se calcularán respecto a los depósitos y valores garantizados (hasta 100.000 euros), en lugar de los admisibles (es decir, todos los depósitos y valores no exentos). Los depósitos garantizados son aproximadamente las dos terceras partes de los admisibles.
Además, se amplía la protección a depositantes que antes no estaban cubiertos. En concreto, los depósitos de entidades locales con un presupuesto menor de 500.000 euros anuales tendrán cobertura del FGD hasta 100.000 euros por entidad, como el resto de depositantes.
Con el texto aprobado hoy se completan aspectos esenciales para la aplicación en España de los compromisos derivados de la Unión Bancaria, como instrumento para prevenir futuras crisis financieras en Europa. Los objetivos básicos son que en caso de resolución de una entidad financiera son los accionistas los primeros en afrontar las pérdidas y no los contribuyentes y garantizar la máxima protección a los depositantes.
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