SEC, sindicato mayoritario en la entidad catalana, considera que decir que BBVA sólo aplicará 91 despidos forzosos es “una gran mentira y una gran hipocresía”. Un total de 1.066 trabajadores de CatalunyaCaixa se han adherido finalmente al expediente de regulación de empleo (ERE) acordado por BBVA y los sindicatos, cuyo plazo finalizó el pasado lunes. El acuerdo contemplaba la salida de 1.557 empleados, si bien 400 serán trasladados a otras sucursales de BBVA, por lo que 91 personas serán despedidas a su pesar.
Fuentes del banco han señalado a la agencia Europa Press que el elevado número de adhesiones voluntarias demuestra que las condiciones del acuerdo de julio son satisfactorias para los trabajadores, que se enfrentan al tercer ERE en la entidad, y que “puede haber un buen encaje” para minimizar los 91 despidos forzosos.
Sin embargo, el sindicato mayoritario SEC ha criticado en un duro comunicado que “hacer público que BBVA sólo tiene que hacer 91 despidos forzosos en CatalunyaCaixa es una gran mentira y una gran hipocresía” que, a su juicio, “utiliza la gran banca para salvar su cara y su imagen”, tirando de “una gran hipocresía y falsedad”.
“Todos sabemos la realidad”, denuncia SEC: “una gran parte de las 1.066 adhesiones son forzosas, muchas de las personas que han optado por salir de la entidad (excepto quizás algunos prejubilados), no lo ha hecho voluntariamente, sino porque la opción era un traslado a cualquier oficina de BBVA de España o una salida de la Entidad con la mitad de la indemnización (sin la perversa prima de voluntariedad)”.
La formación sindical recuerda que el ajuste ha afectado a empleados con una media de edad situada en los 38 años, “con proyectos de familia, hipoteca, niños pequeños, lazos familiares, padres mayores, etc.”, que “han acabado pulsando una salida voluntaria totalmente a regañadientes, con lágrimas en los ojos porque las alternativas les eran peores”.
“El BBVA sabe que los empleados de CatalunyaCaixa lo que querían era mantener su puesto de trabajo”, recuerda SEC, que llega a calificar de “totalmente inmoral haber comprado una entidad saneada con dinero público, para acabar expulsando a sus trabajadores, ahorrar costes y así poder enriquecer a sus accionistas”.
