El Estado, a través de BFA, es el principal accionista de Bankia con una participación del 63,6%. El Gobierno ha salido en defensa de la política de dividendos de Bankia, que a su juicio no sólo supone una forma directa de que el Estado recupere parte de las ayudas públicas concedidas al banco –que ascienden a 22.424 millones de euros- sino también “un indicio de vuelta a la normalidad” del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri.
El portavoz de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, criticó en una pregunta parlamentaria la decisión de Bankia de repartir el pasado mes de julio un dividendo de 1,75 céntimos de euro. “El Gobierno debe aclarar qué medidas va a adoptar para evitar que Bankia y otras entidades financieras rescatadas repartan dividendos hasta que no devuelvan el dinero del rescate bancario aprobado en 2012”, llegaba a exigir el diputado.
En su respuesta, recogida por la agencia Europa Press, el Gobierno alega que el reparto de dividendos “es una de las formas por las que se recuperan directamente tales ayudas”. El principal accionista de Bankia, con una participación de un 63,6% de su capital, es BFA Tenedora de acciones, controlada a su vez al 100% por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Esto se traduce en que de los 202 millones de euros que el banco desembolsó en su dividendo del pasado 7 de julio, 128 millones fueron a parar a las arcas públicas.
Estos 128 millones de euros que percibirá BFA se unen a los 1.304 millones que obtuvo la matriz de Bankia en febrero de 2014, cuando vendió un paquete del 7,5% de la entidad.
Además, el Ejecutivo defiende que el reparto de dividendos supone un “indicio de vuelta a la normalidad”, así como una “clara señal al mercado de que la entidad es rentable y solvente”, lo que a su juicio “reforzará la cotización de la acción en un futuro”, permitiendo a su vez hacer más caja cuando vuelva a colocarse en el mercado una participación de la entidad.
