El juez Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete de sus antiguos miembros del consejo de administración por posible delito de blanqueo de capitales. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el mismo que se encarga del ‘caso Bankia’, investigará a Banco de Madrid y a siete antiguos miembros del consejo de administración, entre ellos su expresidente José Pérez Fernández, por posible delito de blanqueo de capitales, al entender que podrían haber causado “numerosos” perjuicios no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional.
Según recoge la agencia Efe, se trata de la querella que presentaron a principios de abril las mercantiles y clientes de la entidad Marine Instruments y Liunaski contra Banco Madrid y su expresidente José Pérez; el exconsejero delegado Joan Pau Miquel -en prisión en Andorra-; los hermanos y dueños de BPA Higini y Ramón Cierco; Soledad Núñez y Ricard Climent y el exsecretario del Consejo Rodrigo Achirica.
Andreu reproduce los hechos descritos en el escrito, en el que se recogían los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir esta entidad el pasado 10 de marzo, lo que provocó la dimisión en bloque de los consejeros querellados, al tiempo que el supervisor andorrano hacía lo propio con su matriz, acusada por EEUU de ayudar a lavar dinero del crimen organizado.
Para el juez, estos hechos deben ser objeto de investigación penal en la Audiencia Nacional, ya que la hipótesis de la querella no se advierte “ni absurda ni irracional, desde el momento en que consta entre la documentación aportada el acuerdo del Banco de España de intervención de Banco Madrid” después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas decidiera intervenir BPA.
No obstante, con carácter previo a practicar cualquier diligencia, se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción para confirmar si está tramitando diligencias sobre estos mismos hechos y de ser así, recabarlas para evitar duplicidades. De hecho, Anticorrupción ya abrió sus propias diligencias de investigación el pasado 13 de marzo a raíz de la denuncia que ese mismo día le presentó la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, tras detectar operaciones irregulares que podrían indicar que la entidad ayudó al blanqueo de capitales.
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