La agencia de calificación Standard & Poor’s cree que el Gobierno debería elevar la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que están acogidos la mayoría de los hogares españoles, para poner freno al déficit eléctrico, que según los últimos cálculos del Ministerio de Industria asciende ya a 24.000 millones de euros.
La agencia de rating considera que una subida inferior al 10% podría ser “manejable” desde el punto de vista político.
En un informe titulado “Cómo el déficit de tarifa español y la incertidumbre política podría afectar a las empresas eléctricas españolas”, S&P asegura que podría revisar el rating de las eléctricas españolas después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidiera congelar el recibo eléctrico. La agencia de calificación cree que no subir el precio de la luz pude tener implicaciones sobre el coste financiero de la deuda del sector.
S&P se hace además varias preguntas acerca de los efectos de esta congelación sobre el sistema eléctrico español, entre ellas la de qué medidas aplica el Gobierno para hacer frente al déficit de tarifa. Además, se pregunta por la incertidumbre actual acerca de las futuras medidas del Ejecutivo para atajar el problema y por la forma en que esta falta de definición podría afectar a la calidad crediticia de las propias eléctricas.
La agencia de calificación estadounidense recoge algunos de los principales riesgos regulatorios a los que se enfrenta al sector. Entre ellos se encuentra la posibilidad de que el Gobierno introduzca un impuesto a las tecnologías del régimen ordinario, entre ellas la nuclear y la hidráulica para “proteger a la población española de los crecientes costos energéticos”.
A pesar de las dificultades derivadas de la crisis de deuda soberana en Europa y de la actual volatilidad en los mercados de capitales, el Gobierno ha titulizado con éxito 8.500 millones de euros de déficit de tarifa en 2011 a cobrar en cinco tramos. Esta cantidad, según S&P, representa más de la mitad del déficit pendiente de pago a cierre de 2010. Además, también han tenido lugar otras colocaciones adicionales entre inversores privados por alrededor de 1.400 millones.
“Estas operaciones demuestran el apetito del mercado por estos valores y el compromiso del Gobierno español de reducir los pagos adeudados a los productores eléctricos”, apunta la agencia de rantings.
