La licitación pública de las comunidades autónomas alcanzó en la primera mitad del año 1.043 millones de euros, un 17,9% más que en el mismo período de 2013. La licitación pública se disparó un 318% en la Comunidad Valenciana que preside Alberto Fabra durante el primer semestre del año, a pesar de los problemas que atraviesa la región para cumplir con su objetivo de déficit, y que esta misma semana puso de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En concreto, según las cifras publicadas por la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España (Seopan), la Generalitat Valenciana tenía un volumen de licitación pública de 68,95 millones de euros, un 318,9% más que en el mismo período del año 2013. Se trata del mayor incremento registrado por una autonomía durante este período, por delante del incremento del 233% registrado en el País Vasco y del 139% de Cataluña.
En total, la licitación de las comunidades autónomas alcanzó en la primera mitad del año 1.043 millones de euros, un 17,9% más que en el mismo período de 2013.
El incremento en las licitaciones por parte del Gobierno de Alberto Fabra se produce a pesar de las dificultades que la Comunidad Valenciana está teniendo para cumplir con el objetivo de déficit.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó esta semana su primer Informe sobre los Planes Económico Financieros de las Comunidades Autónomas que incumplieron en 2013 los objetivos de estabilidad presupuestaria. En el caso de Valencia, señalaba que era “muy improbable” el cumplimiento del objetivo en 2014.
La Autoridad Fiscal explicaba que la región ha presentado medidas por 1.422 millones de euros. Dentro de las medidas de ingresos se incluye, por importe de 1.000 millones, un “Fondo de Nivelación” que la Comunidad espera recibir del Estado, por acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
“La dotación de este fondo, hasta la fecha, no se ha acordado y además no puede considerarse una medida propiamente dicha”, añade. Además, también critica que otras medidas como la enajenación de inversiones por importe de 141 millones de euros porque la venta de inmuebles “no ha sido debidamente justificada con documentación adicional y la ejecución del primer trimestre del año y el efecto de la medida en el ejercicio anterior no parecen avalar la previsión de cierre del ejercicio”.
Respecto a la creación del impuesto sobre depósitos bancarios, la Autoridad Fiscal advierte que será objeto de recurso de inconstitucionalidad.
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