Si el Banco Europeo de Inversiones y el resto de bonistas aceptan la renuncia, Escal solo tendrá que afrontar un pago parcial y el resto deberá ser asumido por el Gobierno, que lo cargará en la factura del gas. La sociedad propietaria del almacén subterráneo de gas Castor, Escal, en la que participan ACS, con un 66,7%, y la canadiense UGS, con el resto del capital ha comunicado su decisión de renunciar a la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural Castor.
En un hecho relevante remitido a la CNMV, la compañía indica que ha iniciado el proceso para obtener la autorización previa por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) –con 300 millones de euros en bonos – y, eventualmente, de la asamblea de titulares de los bonos que emitió el año pasado (algo más de 1.400 millones) para financiar el proyecto.
La sociedad se adjudicó en 2008 la construcción y explotación del almacén Castor. La actividad de la instalación fue suspendida por el Ministerio de Industria el año pasado tras los seísmos que se desencadenaron en las costas de Castellón cuando se inició el llenado de la planta con la inyección de gas colchón y que provocaron un fuerte rechazo social en la Comunidad Valenciana y Cataluña.
La agencia de calificación Fitch ya anticipó hace unos días esta decisión y rebajó hasta bono basura el rating de los títulos de deuda que financiaron con 1.400 millones de euros el almacén de gas.
El contrato de emisión de los bonos firmado hace un año contemplaba que si antes de noviembre de 2014 la instalación no había entrado en funcionamiento los bonistas podrían exigir la devolución completa de los 1.400 millones invertidos. ACS, como socio mayoritario, había firmado un convenio de apoyo financiero que le comprometía a respaldar esas obligaciones.
La agencia afirmó que si la empresa renunciaba a la concesión –como ha sucedido- sólo tendrá que afrontar un pago parcial y el resto debería ser asumido por la indemnización contemplada en la concesión. Sin embargo, advertía que es imposible asegurar el importe o los plazos de esa indemnización. «La indemnización es posible sobre el papel, pero la decisión sobre la cantidad y la mecánica de la compensación pueden tardar en establecerse», señala Fitch.
La promotora del proyecto reclama hasta 1.700 millones de euros al Gobierno por los costes operativos y gastos extraordinarios.
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