En un contexto crítico marcado por la incertidumbre financiera y judicial, Duro Felguera logra mantener la confianza de los inversores en las primeras horas de la jornada bursátil, a pesar de la falta de un acuerdo clave con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La solicitud para prolongar tres meses más el plazo del preconcurso refleja la complejidad del proceso negociador que atraviesa la ingeniería asturiana con sus acreedores y socios financieros.
Aunque la sesión arrancó con un optimismo bursátil inicial superior al 3%, las acciones de Duro Felguera moderaron posteriormente sus ganancias hasta el 0,9%, situándose a un precio unitario de 0,2805 euros. Este comportamiento refleja la confianza moderada de los inversores frente a las difíciles circunstancias financieras de la empresa.
La dirección de Duro Felguera presentó este lunes al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón la petición formal para extender tres meses el preconcurso de acreedores, vigente ahora hasta el 11 de junio. Esta medida afecta tanto a la matriz como a sus filiales Energy Storage, Green Tech, Calderería Pesada, DF Mompresa, DF Operaciones y Montajes, Oil & Gas, Intelligent Systems y DFOM Biomasa Huelva.
El 96,5% de los acreedores respalda la petición de prórroga solicitada por Duro Felguera para garantizar su viabilidad
La negociación con la SEPI está en punto muerto, generando preocupación dentro del consejo de administración y especialmente entre los accionistas minoritarios, quienes consideran “imprescindible” que la entidad pública capitalice la deuda contraída por Duro Felguera. El préstamo de 120 millones de euros, otorgado durante la pandemia, convertiría al Estado en accionista mayoritario si finalmente se convierte en capital.
La capitalización de la deuda por parte de la SEPI es vista por los accionistas minoritarios como clave para la supervivencia de Duro Felguera
El litigio internacional con la energética argelina Sonelgaz, por el proyecto de la central de ciclo combinado de Djelfa, es otro foco de preocupación. Sonelgaz reclama una indemnización de 413 millones de euros y exige reanudar los trabajos paralizados desde junio, conflicto que obligó a la compañía asturiana a provisionar 100 millones de euros y a reexpresar sus resultados financieros desde 2022.
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