La cuantía que se pide a las familias en estos dos colegios, uno en Valdebebas y otro en Vallecas, ronda los 3.500 euros por alumno/a y año, “sin contar con las actividades extraescolares y otros servicios que ofertan”, detalla la Giner de los Ríos, quien destaca la “evidente barrera económica” que esto supone para las familias. Según lamenta, el Ejecutivo regional “no está garantizando una enseñanza pública y gratuita a las familias en su lugar de residencia”.
De acuerdo con la documentación de los colegios que recoge este colectivo de padres y madres, las “modalidades de donación” van de la “básica” a la “sostenible”, pasando por una que se denomina “solidaria”. El pago de las mismas se puede hacer de manera mensual o anual. En este último caso, las cuantías van de los 1.076 a los 1.901 euros, dependiendo de la elección.
A esto hay que añadir otras tarifas, como la del “gabinete de salud” (92,40 euros), el “servicio psicopedagógico” (37,50 o 70,30 euros), el “servicio digital y material escolar” (de los 27,70 a los 69,50) o el “seguro escolar” (20 euros). Asimismo, está el coste del comedor o la ampliación de horas.
Para la Giner de los Ríos “se está enmascarando el cobro de estas cantidades como ‘donaciones’, cuando en realidad se trata de cuotas por la prestación de servicios educativos exclusivamente durante el periodo escolar, de septiembre a junio”. Según defiende, son “cantidades exactas y domiciliadas solo a las familias que van a recibir esta contraprestación de servicios, en contra de la legislación de Fundaciones y del objetivo de las entidades con interés público y colectivo, como ha advertido en muchas ocasiones la Agencia Tributaria”.
Su sorpresa aumenta al conocer que se reclaman estas cuantías “cuando ni siquiera se ha empezado a construir el colegio”. “En noviembre ya resultaban extraños los plazos que se imponían en los pliegos, que indicaban que este septiembre comenzaría la actividad con todas las etapas educativas”, expone esta organización, que se pregunta “cómo es posible que se les permita que en abril ya estuvieran solicitando cuotas a las familias”.
Estos dos nuevos colegios ponen de manifiesto, asegura, que el modelo de cesión de suelo público en la Comunidad de Madrid “conlleva a que las familias se vean obligadas a copagar servicios que deberían ser gratuitos”. Por ello, estos padres y madres instan a la Administración a que no permita a los colegios privados concertados cobrar a las familias por un servicio “básico y esencial”.
Asimismo, reclaman a la consejería de Educación de la región a que no autorice este tipo de cuotas por la escolaridad, “encubiertas en supuestas ‘donaciones’”, y “que ponga fin a una situación en la que las más perjudicadas son las familias, que ven eliminado su derecho a la educación gratuita en colegios sostenidos con fondos públicos”.
