El máximo dirigente ‘popular’ rechazó ayer, en una entrevista que concedió a la Cope, haber actuado con ánimo inquisitorial en las acusaciones que lanzó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, al apuntar la comisión de 286.000 euros que podría haber cobrado su hermano por intermediar con una empresa adjudicataria de un contrato de 1,5 millones con el Gobierno regional, para la compra de mascarillas durante el confinamiento.
En esa entrevista, Pablo Casado afirmó que él se había limitado a pedir información en el ámbito interno porque debe velar por la ejemplaridad en el partido dada su responsabilidad como presidente del PP.
Sin embargo, algunos diputados ironizaban sobre la diligencia o la saña con la que Pablo Casado ha actuado con la presidenta de Madrid, mientras ha defendido al diputado Alberto Casero a pesar de la denuncia de la Fiscalía por adjudicar contratos a dedo.
En este sentido, algunos de los consultados criticaban que desde la dirección nacional del PP se diga que se hace un «ejercicio de transparencia» y que «no van a pasar ni una» en materia de corrupción, después de lo que ha vivido el partido en el pasado, pero sin embargo, alegan, «tienen al número cuatro del partido que está imputado y el suplicatorio va a llegar al Congreso por fraccionamiento de contratos».
Otro de los consultados se expresaba en el mismo sentido, cuestionando el comportamiento de Casado con Alberto Casero y preguntaba de manera retórica a su presidente: «¿Qué vas a hacer con él, que es el número cuatro? Estas mismas fuentes señalan que este hecho evidencia que el objetivo de todo esto era «parar a Ayuso».
El diputado Alberto Casero es el responsable de Organización del PP y mano derecha del secretario general Teodoro García Egea. Su nombre saltó a los medios de comunicación el pasado 3 de febrero, por afirmar que él había votado de forma telemática en contra de la reforma laboral, pero que el sistema informático del Congreso había fallado y su voto aparecía como voto favorable. Su voto posibilitó que saliera adelante la citada reforma laboral además de comprobarse que el sistema informático no había fallado.
Pues bien, Alberto Casero fue alcalde de Trujillo desde 2011 a 2019 y el Juzgado que le investiga por un presunto delito de prevaricación continuada, ha elevado una exposición razonada esta misma semana al Tribunal Supremo, para que pueda tomarle declaración como imputado, dado que se trata de un aforado.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), explicaron que para continuar con la investigación sobre esta causa, el juez consideraba necesario, después de las diligencias de investigación practicadas, que han sido documentales y testificales, la toma de declaración como investigado a Alberto Casero.
La denuncia de la Fiscalía se produjo por un delito continuado de prevaricación por haber realizado contratos sin seguir el procedimiento establecido por la Ley de Contratos del Sector Público.
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