La titular de Trabajo ha recordado que las recomendaciones de la Comisión Europea ponían el foco en “el mal endémico de la precariedad y la temporalidad” en España. “¿Alguien cree que el modelo de contratación temporal que tenemos ha funcionado?”, se ha preguntado. “Hay uso y abuso de ciertas modalidades contractuales”, ha añadido, entre las que ha citado los contratos de obra y servicio. Por ello, “vamos a emprender una reforma de calado, estructural” que aborde el “problema eterno” de la economía española.
“No puedo concretar el alcance de las medidas”, ha aclarado Díaz, “pero llevamos más de dos meses en el diálogo social” ocupándose de este asunto. Lo que sí está claro es que “solo se va a poder acudir a una modalidad temporal cuando haya una causa que lo justifique”. “Una empresa con trabajos precarios en una empresa precaria”, ha recordado, por lo que la reforma “será buena para las empresas y los trabajadores”.
Subida del salario mínimo
La ministra de Trabajo se ha referido también al último informe del Banco de España en el que la institución avisa del impacto en el empleo de la subida del salario mínimo interprofesional que se acometió en 2019. “En ninguna de sus páginas habla de destrucción de empleo”, ha valorado Díaz en referencia a este documento. Asimismo, ha agradecido a la institución que reconozca la importancia de otros factores como “la equidad y la igualación social”, si bien no entre a profundizar en ellos.
En todo caso, ha recordado que la nueva subida planteada del SMI se realizará tras recibir las recomendaciones de una comisión de expertos que será “absolutamente plural”.
Díaz ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros para presentar el Plan de Garantía Juvenil Plus, un nuevo proyecto que busca “garantizar un futuro de trabajo de calidad” a las personas más jóvenes, “la gran asignatura pendiente del país”.
Este plan ofrece orientación para jóvenes en riesgo de exclusión, inactivos o desanimados por encontrar obstáculos en la búsqueda de empleo. Asimismo, permitirá luchar contra la discriminación de las personas LGTBI con la puesta en marcha un programa piloto de inserción sociolaboral para ellas.