“Nunca vinculamos la subida del SMI al IPC porque no sería favorable en situaciones de normalidad para los trabajadores y trabajadoras””, ha explicado Díaz, que ha recordado “lo que nos hubiera pasado en los tiempos prepandemia”.
Aunque “sin lugar a dudas hay que evitar la pérdida de poder adquisitivo”, ha añadido la vicepresidenta, “técnicamente y científicamente la inflación no debe operar respecto de la subida del SMI”. Así, ha recordado que el Ejecutivo incrementó el SMI un 31%, “totalmente alejado a una distancia sideral de las fluctuaciones del IPC”. “Hagamos pedagogía en ese sentido más allá del carácter coyuntural” de la subida del IPC, ha defendido.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto a sindicatos y empresarios elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 996 euros mensuales, 31 euros por encima de la cantidad actual (965 euros mensuales por catorce pagas), en la primera reunión celebrada hoy en la mesa de diálogo social
Esta propuesta del Gobierno se sitúa en la banda media de lo recomendado por el Comité de Expertos sobre el SMI, que aconsejó una subida de entre 24 y 40 euros para este año. “A mi qué me gustaría, un SMI de 1.000 euros”, ha reconocido sin embargo Díaz en una comparecencia a la prensa tras reunirse con empresarios y sindicatos.
La ministra ha abogado por un “acuerdo unánime” con los agentes sociales, si bien ha recordado que solo se exige “una consulta pública”. “Es importante que exista diálogo social”, ha reflexionado Díaz, por lo que aunque “me gustaría que el acuerdo sea unánime, lo importante es el proceso” y “ya veremos si hay acuerdo, es un acuerdo bipartito o es un acuerdo tripartito”.
En ese sentido, la titular de Trabajo ha pedido “máximo respeto a los actores sociales” porque “ellos sí están a la altura de las circunstancias”. “Los sindicatos quieren más y los empresarios quieren menos y yo hago un poco de equilibrio entre ambos”, ha apuntado.
La vicepresidenta ha recordado que el SMI afecta a dos millones de trabajadores y ha adelantado que la subida que se acuerde será con carácter retroactivo desde el 1 de enero. El próximo miércoles volverá a reunirse la mesa y la intención del Gobierno es tomar una decisión “con mucha prontitud”.
