Detenidos el presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, su mujer e hija, por supuesto blanqueo y falsedad

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), las tres personas detenidas pasarán a disposición judicial entre este viernes y este sábado, y la causa está declarada secreta.

El presidente del Colegio ostenta el cargo desde hace más de 30 años, mientras que su mujer trabaja contratada por la entidad. La hija de ambos es responsable de una empresa que presta servicios de gestoría al organismo colegial.

En la jornada de este jueves se han llevado a cabo registros en el domicilio de Carlos Fernández y en la sede del organismo, en la calle Aragón de Vigo, donde agentes de la UDEF han estado durante más de 10 horas y han intervenido documentación e inspeccionado ordenadores.

El pasado mes de enero salió a la luz la existencia de dos condenas al Colegio de Enfermería de Pontevedra relacionadas con impago de cuotas al Consejo General de Enfermería de España. Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que el conflicto tiene su origen en el hecho de que la entidad no abonaba al órgano nacional el porcentaje correspondiente de las cuotas que satisfacían los colegiados provinciales.

Las mismas fuentes han explicado que el Colegio de Pontevedra estuvo sin pagar esas cuotas desde finales de los años 90, por lo que el montante de impagos ascendía a millones de euros.

DENUNCIA DEL SECRETARIO

En su día, el secretario del colegio de enfermeros pontevedrés, José Faustino Portela, acusó al presidente, Carlos Fernández, de «hundir» la institución con su gestión, mientras que éste replicó asegurando que faltaba «a la verdad».

José Faustino Portela hizo públicos estos enfrentamientos al remitir un comunicado de prensa a los medios de comunicación acompañado por diversa documentación.

Denunciaba entonces que el ente había sido «nuevamente condenado al pago de más de 1,5 millones de euros al Consejo General de Enfermería de España». Y precisaba que la última sentencia había sido dictada por el juzgado contencioso administrativo número 3 de Pontevedra pero «viene a sumarse a la de 2014 en la que ya se condenaba al colegio al abono de 4,5 millones de euros».

«Carlos Fernández no comunicó ninguna de las sentencias a sus colegiados y esta última se hace pública por su inclusión en la carta de despido de un trabajador del colegio tras una inspección de trabajo que supone una sanción de 120.000 euros por distintas irregularidades de la entidad», afirmaba.

En este sentido, en declaraciones a Europa Press, el secretario de la entidad señalaba en enero que «hasta que haya pruebas» no podía «hacer nada» en el ámbito de la justicia, pero justificaba hacer pública esa información ya que el presidente, según decía, no respondía a sus demandas.

DEFENDÍA SU GESTIÓN

Por su parte, Carlos Fernández, consultado entonces por Europa Press, remitió a su abogado pero defendió su gestión y dio unas explicaciones que, según argumentaba, ya conocían los colegiados.

Así, indicó que en su día el colegio dejó de abonar las cantidades porque «se decidió en una asamblea general» al ser los servicios «ninguno o muy pocos». Esta reunión «nunca tuvo lugar» según el secretario.

En cualquier caso, Fernández, que reconocía que «hace dos años que se está abonando el 30%» de esas cuotas, aseguraba que Portela «falta a la verdad» en el relato de los hechos y resolvió que estas cuestiones serían tratadas «en junta de gobierno», por lo que rechazaba «entrar» en las acusaciones. «Lleva más de 20 años en la junta de gobierno y ha sido persona de mi confianza. ¿Se da cuenta ahora?», se preguntaba en enero.

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