De Cos cree que la ralentización «muy significativa» de la recuperación sigue en el primer trimestre

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, durante su intervención en el Curso de Economía organizado por APIE en la UIMP
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado este miércoles de que la recuperación económica iniciada en el tercer trimestre se ralentizó de forma «muy significativa» en el cuarto trimestre y «con seguridad» también en el primer trimestre de este año, que está siendo «peor de lo anticipado», por lo que ha pedido mantener la política de estímulo y priorizar por «urgencia» las ayudas directas, las recapitalizaciones y las reestructuraciones de deuda de las empresas para evitar problemas de solvencia.

Así lo ha señalado durante la ponencia ‘La economía española ante la crisis del Covid-19’ en el Foro Económico del ‘Diario Montañés’, en el que ha mantenido que el nivel de PIB previo a la crisis no se recuperará hasta el año 2023 según el escenario central, si bien la recuperación desde el «suelo» empezó ya en el tercer trimestre del año pasado.

Hernández de Cos cree que «con seguridad» en el primer trimestre de este año está continuando la ralentización «muy significativa» de la economía registrada en cuarto trimestre de 2023, en un contexto de restricciones por la tercera ola de contagios del Covid-19.

En este sentido, ha indicado que el nivel de PIB de España a finales de 2020 se situaba un 9,1% por debajo del observado en el último trimestre de 2019 y aunque la evolución en el cuarto trimestre fue «algo mejor de lo previsto», el inicio de 2020 está siendo «peor de lo anticipado».

En cuanto al empleo, ha apuntado que la afiliación efectiva a la Seguridad Social, una vez descontados los ERTE, se recuperó «rápidamente», tras la desescalada, de su fuerte retroceso inicial, si bien desde agosto «apenas han podido observarse mejoras adicionales» por las restricciones, en un contexto en el que el uso de los ERTEs «ha atenuado el repunte de la tasa de paro».

En cualquier caso, ha afirmado que «las perspectivas económicas siguen dependiendo crucialmente de la solución a la crisis sanitaria». Como efectos de la crisis cree que podrían producirse algunos «daños estructurales» y efectos negativos sobre la productividad y la tasa de ahorro de los jóvenes que se queden en desempleo.

Respecto al déficit y la deuda pública, ha indicado que se espera que, en 2020, el déficit público haya superado el 10% del PIB y la deuda se situaría cerca del 120%, con una previsión de que se estabilice por debajo de ese 120% hasta el año 2024.

Sin un proceso de consolidación fiscal, ha avisado, la deuda no dejaría de crecer, pero con una estrategia de consolidación gradual de reducción del déficit estructural de manera progresiva junto a reformas estructurales «potentes» que aumenten el crecimiento potencial cree que se eliminaría la tendencia de aumento y se produciría una reducción progresiva de la deuda pública.

Por ello, cree que la situación de las finanzas públicas es un «problema claramente afrontable», pero ha reiterado la necesidad de, una vez superada la pandemia, reconstruir los márgenes fiscales y reducir la deuda pública, mediante una estrategia gradual plurianual.

A su juicio, hay que anticipar el diseño de este plan y ve necesaria una revisión de la composición de gastos e ingresos públicos, con vistas a garantizar la suficiencia fiscal-financiera y favorecer un crecimiento sostenible.

Tras ver «crucial» las actuaciones del BCE, con las ampliaciones de su programa de compras, y valorar la coordinación de la política monetaria y la fiscal de cada Estado, así como la respuesta europea con los fondos de recuperación, ha enfatizado que con el horizonte que proporciona la disponibilidad de las vacunas, resulta «fundamental» mantener la medidas de apoyo.

En este sentido, ha indicado que su retirada supondría costes mayores que los derivados de mantenerlas hasta que la actividad dé muestras de solidez, si bien cree que tienen que estar «focalizadas» en los sectores y empresas más afectados y ve «crucial» la identificación de posibles cambios y daños estructurales.

«La política económica no debe sostener indefinidamente a un sector que estructuralmente va a reducir su nivel de actividad, sino facilitar su adaptación a la nueva realidad y la reasignación eficiente de recursos», ha remarcado.

Así, ha dicho que la «prioridad» por la «urgencia» debe ser considerar la necesidad de rediseñar los instrumentos y/o complementarlos con otros nuevos y poner el énfasis en la mejora de las políticas activas de empleo para evitar la descapitalización de los trabajadores.

En el sector empresarial, ha explicado que el foco se está desplazando desde los problemas de liquidez hacia posibles problemas de solvencia, por lo que ha subrayado la conveniencia de utilizar instrumentos de reforzamiento de los fondos propios como recapitalizaciones, reestructuraciones de deuda y ayudas directas.

Esto, ha añadido, debe estar complementado con un funcionamiento «más ágil» de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias que permitan que un número mayor de empresas viables pueda proseguir su actividad y faciliten la salida de las que no lo son, lo que cree que requerirá una modificacion de la Ley de concursos, algo en lo que ya trabaja el Gobierno.

Además, ve conveniente hacer simultáneamente uso de los diferentes mecanismos de flexibilidad de los que las empresas disponen en el actual marco laboral.

Ha remarcado también la necesidad de diseñar y aplicar con «urgencia» una agenda de reformas estructurales «ambiciosa» dirigida a mejorar la dinámica de la productividad y corregir las disfuncionalidades del mercado de trabajo, entre otros aspectos, y ha hecho hincapié en la importancia de «reciclar» a los trabajadores que puedan quedarse apartados ante los cambios en el mundo del trabajo.

En todo caso, ha propuesto que se pueda compensar «transitoriamente» a los «perdedores» de las reformas, que cree que son el motivo por el que a veces no se acometen, de forma que se les ayude a «reciclar» su posición de partida y adaptarse a la nueva situación. En estos casos cree que los fondos europeos pueden ayudar a aliviar esos costes de transición que a veces conllevan las reformas estructurales.

Por otra parte, preguntado sobre la marcha de algunos ‘youtubers’ e influencers a Andorra y otros países para pagar menos impuestos, Hernández de Cos ha dichoh que la globalización y los nuevos trabajos «movibles» internacionalmente tienen «repercusiones» en las decisiones tributarias y «de alguna manera» esa alta movilidad laboral «condiciona las posibilidades de capacidad tributaria de los países».

«El decisor público no puede obviarlo porque a lo mejor las estimaciones de impacto recaudatorio o redistributivo no son las adecuadas porque una buena parte de los contribuyentes han dejado de estar», ha dicho.

En este contexto y en alusión a la ‘tasa Google’, ha subrayado la necesidad de una coordinación mayor internacional, puesto que «a lo mejor la toma de una decisión individualmente no puede generar los efectos deseados si el resto de países no acompañan en esa medida».

En este punto cree que el proceso de globalización y las tendencias derivadas de la crisis acaban afectando al factor trabajo y, en consecuencia, serán necesarias un tipo de planteamiento de impuestos en la línea de la ‘tasa Google’ que por ahora «no está en absoluto coordinado ni siquiera dentro de la UE».

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