El anuncio lo han hecho público este mediodía el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia y Ordenación Territorial, Francisco Igea, y el titular de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el transcurso del Consejo de Gobierno en el que ambos han expresado su confianza en que el Gobierno central atienda con presteza la petición formulada desde Castilla y León.
De forma paralela a tal solicitud, el Ejecutivo autonómico prevé publicar en próximas fechas una ‘Estrategia de Apoyo Continuado’, tal y como la ha definido Igea, para que, «más allá de la solidaridad», asegurar que se pueda seguir suministrando forraje y agua al ganado de los municipios afectados por el fuego más extenso en superficie de los registrados en Castilla y León desde que cuenta con competencias en la materia.
El consejero de Fomento ha hablado de un ‘Plan de Restauración’ «complejo’ para garantizar los pastos del ganado y recuperar zonas arboladas y acuíferos, con el fin de que estos últimos, actualmente afectados por la caída de cenizas, puedan recuperar su calidad y salubridad.
Las peticiones de ayuda urgente recibidas por el Consejo de Gobierno de las distintas consejerías incluye actuaciones en el ámbito cultural, dado que algunos enclaves de gran valor arqueológico, como el castro de Ulaca, en las proximidades de Solosancho (Ávila), han podido verse también seriamente afectados, aunque el propio vicepresidente de la Junta, a falta de las inspecciones de los técnicos, ya ha anticipado que no parecen ser de gran importancia.
En lo que han coincidido ambos consejeros es que la provincia de Ávila, concretamente la zona devastada por el fuego de Navalacruz y Cepeda de la Mora, precisa de ayudas urgentes tanto por parte del Gobierno central, a través de esa petición de Zona Catastrófica, como otras del propio Miteco y de la Administración regional.
El incendio en cuestión, aún en el nivel 2, continúa activo, mientras que otro en San Felices de Gallegos (Salamanca) ya ha sido controlado y se encuentra en el nivel 0 del plan Infoacal, tal y como ha explicado Suárez-Quiñones, quien, por otro lado, ha declinado aventurar la superficie devatada por el de Navalacruz, a pesar de las últimas informaciones que apuntan a unas 23.000 hectáreas.
«Las cifras de hectáreas afectadas las dará la Junta cuando tenga datos exactos, ya que hay zonas arboladas dentro del perimetro que no han resultado quemadas», ha advertido el titular de Fomento y Medio Ambiente, quien a lo largo de su intervención ha aprovechado para reiterar su agradecimiento a todos los que intervienen en la extinción de las llas, en referencia a un operativo integrado por 1.220 personas, así como a las comunidades autónomas limítrofes, ayuntamientos de la zona y población en general.
Además también de incidir en las condiciones «sin precedentes» en cuanto a humedad, viento y calor que confluyeron el 14 de agosto, fecha del inicio del incendio en Navalacruz, el consejero ha rechazado cualquier tipo de negligencia o falta de diligencia en los primeros inicios del fuego, originado por el incendio de un vehículo.
Al respecto, Suárez-Quiñones ha precisado que la primera noticia del suceso se produjo a las 10.27 horas, cuando todavía no era más que un fuego en un vehículo, y que no se tuvo información de su extensión al medio natural hasta las 10.40 horas, lo que activó el operativo con el desplazamiento de un helicóptero en la zona que sobre las 11.10 horas empezó a descargar agua, hasta un total de una veintena de descargas, tras salir de la base de El Barco de Ávila, para ya, a las 11.41 horas, sumarse seis medios aéreos, seis cuadrillas de tierra y un bulldozer.
«La actuación ha sido rigurosa y profesional, pues en el momento en que se supo que se veía afectado el medio natural se activaron los servicios en pocos minutos», ha defendido el consejero.
Sobre la investigación del fuego, Suárez-Quiñones ha recordado que la Guardia Civil ha elevado el correspondiente atestado, tras tomar declaración al conductor del turismo y remitir lo actuado a la autoridad judicial, mientras que de forma parelela los servicios jurídicos de la Administración regional estudiarán si lo ocurrido merece que la Junta se persone para solicitar las pertinentes responsabilidades por los daños registrados.
