Con esta resolución se culmina un proceso de casi dos años llevado a cabo por el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura. Este órgano, recuerda el departamento de Urtasun en una nota, “vela por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, así como de instar su extinción en caso de incumplir la ley”.
“La Disposición Adicional 5ª de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, señala que cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo incurrirán en causa de extinción”, recuerda Cultura.
“Dicha disposición”, continúa, “añade que se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
La Fundación Franco “debe ser cerrada”
“Vamos a enviar al juez un expediente sólido, que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas”, ha defendido el ministro. Y ha añadido que “en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura”.
Según Urtasun, “hoy el Gobierno de España lanza un mensaje importante: que en España la democracia se defiende también en el terreno de la memoria”.
Este proceso se inició en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, ante indicios de que la Fundación Nacional Francisco Franco incumplía la legislación vigente de Memoria Democrática y Fundaciones, solicitó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que realizase un informe para estudiar la posible concurrencia de causa de extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco.
