En un comunicado, estos sindicatos aluden a la subida de ratios en las aulas TEA y la desregulación del trabajo de los profesionales a cargo de la atención al alumnado con autismo. En este sentido, consideran “insostenible” el déficit de profesionales de atención a la diversidad y recuerdan que la situación está “muy por encima de la recomendación de la Unesco de que la población escolar asignada a cada orientador no supere los 250 alumnos”. “En Madrid, esta ratio llega a cuadruplicarse en muchas zonas”, advierten.
Las organizaciones convocantes critican la “masificación y normalización” de las aulas prefabricadas en determinados centros, así como “el incumplimiento sistemático de la bajada de ratios”, mientras en otros centros “no se admite una flexibilización de las ratios de referencia a la baja que evite el cierre de aulas”. También critican el incremento en la concertación de plazas en centros privados, lo que supone, a su juicio, una “dejación de funciones” por parte de la Administración.
En cuanto a la Formación Profesional, recoge Europa Press, ven “especialmente preocupante”, que “se rechace sistemáticamente miles y miles de solicitudes” para cursar ciclos formativos en centros públicos mientras “se permite el cobro de cuotas por la realización de prácticas en empresas”. A todo esto suman la precariedad en las condiciones materiales de trabajo del profesorado madrileño con respecto a los de la mayoría de comunidades autónomas, que “se concreta claramente en el mantenimiento de unas jornadas de atención directa al alumnado excesivas desde el curso 2011/2012”.
“El profesorado madrileño quiere ofrecer un trabajo de máxima calidad a su alumnado, y por eso es imprescindible que disponga del tiempo necesario para realizar esas tareas invisibles, pero no menos importantes que las propias clases”, subrayan.
Critican la disposición del Gobierno de Ayuso
UGT, CGT, STEM y CNT critican que los primeros contactos entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa de negociación del próximo Acuerdo Sectorial se han traducido “en una vaga disposición del Gobierno regional a aplicar una reducción gradual en Secundaria, FP y Régimen Especial”, mientras respecto a Infantil y Primaria “ni siquiera se vislumbra la posibilidad de una reducción”.
Aparte de la reducción de las jornadas lectivas, reclaman “medidas concretas y efectivas” para reducir tareas burocráticas y un incremento lineal de retribuciones. Estas organizaciones aseguran que dejarán “un margen razonable” para la negociación, pero advierten de que “sin un compromiso firme por parte de la Consejería” de volver a los 18/23 periodos lectivos desde el inicio del próximo curso y sin la aprobación de los correspondientes cupos de profesorado necesarios para atender adecuadamente al alumnado “a finales de febrero habrá huelga”.
