El ala radical de la izquierda soberanista lo tiene claro. El desmantelamiento de las televisiones autonómicas es una estrategia destinada a potenciar todavía más a los grupos privados del sector audiovisual. Y en el caso concreto de TV3, CIU la derecha catalana, recorta el presupuesto para apuntalar el crecimiento de 8TV, el grupo de Godó y La Vanguardia.
Según la versión de la historia que circula por los sitios de Internet habituales de estos colectivos, ese es el principal motivo del recorte presupuestario de 40 millones de euros que el Gobierno de Mas ha aplicado a la autonómica catalana. Al fin y al cabo, una televisión pública, aunque sea líder de audiencia, siempre puede cambiar de color, según los dictados de las urnas.
Para organizaciones como Attac Acordem, por ejemplo, ya desde el inicio la concesión de realizada por el Gobierno de Jordi Pujol de la licencia de emisión a los cuatro canales que bajo el paraguas de 8TV ya posee el Grupo de Godó y La Vanguardia, fue ‘sospechosa’, especialmente porque en ella participó un peligroso intermediario, el muy célebre Fèlix Millet, procesado por el ‘Caso Palau’.
Este sería, por lo tanto, el verdadero motivo de la ‘dieta’ de adelgazamiento a la que CiU somete a TV3. Un proceso que puede continuar, además, una vez que tras las últimas elecciones Mas y los suyos tendrán que compartir poder, también en la televisión autonómica, con ERC.
La necesidad de apoyos parlamentarios de CiU en los últimos tiempos, además, habría puesto a TV3 en subasta permanente para propiciar determinados pactos. En opinión de los colectivos independentistas, Mas ya cerró algunos canales de TV3 ante la presión insistente del PP, su socio parlamentario ‘favorito’ antes de la espantada independentista, que quería abrir más espacios para Antena 3 y Telecinco, los dos grandes grupos de televisión privado que emiten en Castellano.
