La Audiencia Nacional centra la mirada sobre el desvío de 50.354 euros a una empresa del cantante canario ‘Caco’ Senante. La Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El tribunal ha propuesto juzgar al cantante ‘Caco’ Senante; al expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ‘Teddy’ Bautista y a los exdirectivos Enrique Gómez Piñeiro y Ricardo Azcoaga por el desvío de 50.354 euros que fueron dirigidos a una empresa del músico.
El juez José de la Mata ha dictado paso a procedimiento abreviado (homólogo al procesamiento y paso previo a la apertura de juicio) de la pieza del caso SGAE sobre Senante. El magistrado atribuye a los acusados delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta en el desvío de fondos a la sociedad del cantante canario para presuntos conceptos de asesoramiento.
El auto de la Audiencia Nacional relata cómo Senante recibió de la SGAE pagos desde octubre de 2010 a junio de 2011 por los que se firmaron nueve facturas como “cargo a la delegación de Canarias” valoradas en 30.354 euros. Unas emisiones sin la autorización del Consejo de Dirección de la SGAE.
La mirada de De la Mata también se ha centrado en la compra de un timple canario (un tipo de guitarra) por importe de 20.000 euros, un precio seis veces superior al valor real del instrumento musical, llevada a cabo por Senante, Bautista y Azcoaga sin cumplir la normativa de la entidad musical. Con esta compra, los dirigentes se excedían de los 6.000 euros límite que pone la compañía para compras.
Un timple canario que, según la argumentación de los compradores, tenía como objetivo presidir la entrada de la nueva sede de la SGAE en Canarias al ser un objeto único que contaba con la firma de Rafael Alberti. El valor pericial se ha colocado en 3.270 euros, una cifra que dista en varios miles de euros del precio de la compra, por lo que el juez entiende que la entidad podría haber sufrido una pérdida de 16.730 euros.
Unos movimientos que, tal y como añade el auto, se realizaron de manera directa y unilateralmente por parte de Bautista, de acuerdo con el resto de procesados, quienes tenían “plena conciencia” de la irregularidad existente y de su falta de capacidad para hacerlo, además de conocer que Senante era consejero de la SGAE y, por tanto, no se le podían pagar honorarios profesionales desde la entidad.
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