Consumo llama a los ayuntamientos a unirse a su investigación para detectar pisos turísticos sin licencia

El departamento que dirige Pablo Bustinduy puso en marcha a comienzos de este mes una investigación sobre los anuncios que se publican en plataformas de alquiler turístico de viviendas que no disponen de licencia para operar como alojamiento turístico. Consumo señaló entonces que perseguirá esta práctica que supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y que se consideraría una práctica comercial desleal.

“En base a estos preceptos, y retomando el convenio que se suscribió entre Consumo y la FEMP para desarrollar un marco común de colaboración en la protección de los consumidores”, detalla en una nota, “ha enviado una carta a esta federación para ofrecer a las ciudades que puedan unirse a las acciones emprendidas por el ministerio para poner fin” a esta publicidad.

Según recuerda Consumo, esta acción llega después de que “enviara requerimientos a plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre qué viviendas estarían incurriendo en esta infracción”. Unas pesquisas, destaca, “que ahora se podrían intensificar con la información que puedan aportar los ayuntamientos”. Por esta razón, el ministerio pone sus competencias a disposición de los consistorios para “trabajar de formar conjunta en la identificación de viviendas no habilitadas para operar como turísticas”.

Multas de hasta 100.000 euros

Asimismo, la Dirección General de Consumo incide en que dispone de “capacidad sancionadora desde el año 2022 y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido”.

Por otra parte, Consumo señala en su carta a la FEMP el “importante impacto en el modelo de ciudad” que tienen las viviendas turística y “la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones” para poder garantizar que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios. También, para velar por una competencia legal en un sector “que profundiza en la habitabilidad de las ciudades”.

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