Los otros dos acusados en el juicio, el exresponsable del desarrollo de motores y posterior miembro de la junta directiva de Porsche, Wolfgang Hatz, y un ingeniero, también fueron condenados a penas de libertad condicional.
Se trata de las primeras condenas penales en Alemania por el escándalo del diésel destapado en 2015, que ha sacudido a toda la industria y causado miles de millones en daños. Hatz y el ingeniero P. (del que solo ha trascendido dicha inicial por las leyes alemanas de privacidad) confesaron haber manipulado motores diésel.
Para ello, relataron, hicieron que estos cumpliesen con los valores de emisiones de gases de escape en el banco de pruebas, pero no durante su uso habitual en carretera. Stadler confesó a su vez haber detenido demasiado tarde la venta de coches manipulados.
Las penas de libertad condicional están condicionadas al pago de cuantiosas multas. El fiscal ya había aceptado las condenas para Stadler y P. como parte de un acuerdo en el juicio, pero en el caso de Hatz había exigido una pena de prisión sin libertad condicional.
Durante años, Stadler defendió su inocencia, incluso durante el juicio, que comenzó hace dos años y medio. Pero según la evaluación preliminar del tribunal, como muy tarde en julio de 2016 tuvo que tener conocimiento de que los valores de los gases de escape podrían haber sido manipulados mediante un software.
Sin embargo, en lugar de llegar al fondo del asunto e informar a los socios comerciales, permitió que continuara la venta de los coches hasta principios de 2018.
Los llamados «dispositivos de desactivación» hacían que los coches cumplieran los límites de óxido de nitrógeno en el banco de pruebas, pero no en la carretera. De este modo, los fabricantes se ahorraban el elevado coste de tener que instalar sistemas de depuración de gases de escape en sus coches.
Rupert Stadler fue nombrado jefe de la empresa con sede en Ingolstadt en 2007 como sucesor de Martin Winterkorn, que se convirtió en presidente del grupo Volkswagen.
En junio de 2018, Stadler estuvo cuatro meses en prisión preventiva por sospechas de complicidad, hasta su dimisión al frente de Audi y miembro del consejo de Volkswagen. Previamente había llegado a un acuerdo civil con el grupo y pagado 4,1 millones de euros (4,4 millones de dólares) a su antiguo empleador por incumplimiento de sus obligaciones.
